La Cámara de Diputados de Chile aprobó este domingo en una sesión de urgencia un proyecto de ley para anular la subida del precio del pasaje del metro de Santiago, alza tarifaria que motivó las violentas protestas que desde el viernes se han radicalizado y ya dejan unos 10 muertos.
La iniciativa legal resultó aprobada por 103 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y el Senado la verá este lunes para su total ratificación.
El proyecto fue enviado de urgencia por Sebastián Piñera, presidente de Chile. De completar su trámite en el Senado, le facultará para dejar sin efecto el alza de tarifas.
El diputado René Osvaldo, de la coalición de izquierdas La Fuerza de la Mayoría, fue el único legislador que votó en contra.
Mientras que la diputada del Partido Comunista Marisela Santibáñez se abstuvo.
Motivos de la protestas
El pasado 6 de octubre, el metro de Santiago aumentó en 30 pesos el precio del pasaje en hora punta, hasta situarse en 830 pesos, unos 1,2 dólares.
El precio es fijado por el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros.
El aumento fue aprobado por el Ministerio de Transporte.
En protesta por la subida del boleto del metro, cientos de ciudadanos, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, iniciaron entradas masivas al suburbano y levantaron las mamparas de cobro para que los pasajeros ingresaran a los andenes sin pagar.
La protesta se extendió a otras zonas del país, vislumbrando el hartazgo de la sociedad por la carestía de la vida en Chile y las desigualdades que sufren.
La radicalización de estas protestas sumió a Chile en un grave problema de orden público, con multitud de actos vandálicos, desde barricadas callejeras, incendios y saqueos a comercios y supermercados.
El gobierno decretó el Estado de emergencia en varias regiones para poner en manos del Ejército la seguridad.
Con ánimo de apaciguar los ánimos, Piñera anunció el envío al Congreso de este proyecto de ley. Mientras se busca una fórmula para que las drásticas fluctuaciones del dólar y el petróleo no afecten a las tarifas que han de pagar los ciudadanos.