Brasil llegó a la cumbre del clima ofuscado por la creciente deforestación en la Amazonía, la mayor en una década, además, por las polémicas propuestas de su presidente, Jair Bolsonaro. Ecologistas le culpan del avance de la motosierra en el bosque tropical más grande del planeta.
Con Bolsonaro ausente en la gran cita del clima, el ministro de Medioambiente de Brasil, Ricardo Salles, estará al frente de la delegación brasileña en Madrid. El funcionario acudirá dispuesto a exigir recursos a los países en desarrollo para combatir la destrucción del pulmón verde del planeta.
Este territorio ha perdido 9.762 kilómetros cuadrados de vegetación desde agosto de 2018 hasta julio de 2019, 30% más respecto al mismo período del año anterior. Esos kilómetros representan alrededor de 10.000 campos de fútbol.
Las organizaciones medioambientales apuntaron el dedo hacia Bolsonaro, a quien acusan de estimular la destrucción de la selva con su retórica incendiaria. Además, cuestionan sus iniciativas para ampliar la actual frontera agrícola y permitir la explotación de minerales en reservas indígenas.
Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, niega, sin embargo, que las políticas promovidas por su gobierno sean la razón de ese aumento. Por el contrario, atribuye el avance de la deforestación a fenómenos culturales que relaciona con las prácticas de tala y quema que muchos habitantes de la Amazonía utilizan tradicionalmente.
Bolsonaro admitió que la deforestación no acabará. No obstante, los alarmantes números sobre la destrucción de la Amazonía han presionado al gobierno para buscar medidas a fin de frenar la tala de árboles en este territorio, considerado fundamental en el combate contra el cambio climático debido a la gran cantidad de dióxido de carbono que absorbe.
Para ello, el gobierno anunció que solicitará los recursos extranjeros en la COP25 que fueron prometidos. Además, exigirá una definición sobre la partida que le corresponde de un fondo de 100.000 millones de dólares anuales. El mismo fue creado para costear iniciativas en países emergentes en la preservación del medioambiente a partir de 2020.
La petición de recursos por parte de Brasil se origina en un momento delicado para el Ejecutivo de Bolsonaro. El gobierno de ese país es un centro de críticas por parte de numerosos Estados por el giro que ha dado en política medioambiental.
Noruega y Alemania llegaron a anunciar la suspensión de las partidas destinadas al Fondo Amazonía, creado con el objetivo de recaudar donaciones para combatir la deforestación. Francia objetó el acuerdo que anunciaron la UE y el Mercosur luego de los incendios en la región amazónica.
Acorralado, Bolsonaro enarboló la bandera de la soberanía de Brasil sobre la Amazonía. También dejó de lado la diplomacia para cargar contra todos aquellos que han cuestionado su política.
Mandó a la canciller alemana, Ángela Merkel, a usar los fondos para reforestar Alemania; reprochó a Noruega por matar ballenas y extraer petróleo del Polo Norte y se enzarzó en una batalla dialéctica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
El activismo ambiental
Desde que llegó al poder, el pasado 1° de enero, el líder de la ultraderecha brasileña ha emprendido una cruzada contra el activismo ambiental chiita y puso en su punto de mira a las ONG, a las que llegó a acusar de estar detrás de los incendios en la Amazonía.
Bolsonaro echó un pulso a los ecologistas y, siguiendo los pasos de Estados Unidos, llegó a amenazar durante la campaña electoral con abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático, pero acabó retractándose debido a la presión comercial que llegaba desde Europa.
Pese a las críticas, el ministro Salles considera que Brasil, que en 2018 rechazó ser sede de la COP25 por razones presupuestarias, está cumpliendo con los compromisos nacionales que permitirán alcanzar las metas del Acuerdo de París, que establece limitar el calentamiento global a 1,5º C en relación con la era preindustrial.
«Brasil está yendo bien (en las metas), ya avanzó mucho en la reducción de la deforestación» desde 2005, afirmó recientemente el ministro, pese a que la destrucción de la Amazonía viene aumentando desde 2012, aunque a un ritmo menor.