Bolivia dio garantías este viernes a una comisión de la CIDH para investigar sin restricciones la violencia política entre octubre y noviembre pasados en la que hubo 36 muertos, con la esperanza de que rectifique un informe preliminar que encontró «graves violaciones de los derechos humanos».
«Que vengan, que investiguen sin restricciones de ninguna naturaleza. Que ajusten a la verdad de los hechos los informes que vayan a evacuar», señaló en rueda de prensa la canciller Karen Longaric.
“Sesgado y parcializado”
Bolivia tildó de «sesgado» y «parcializado» el informe preliminar del organismo que estableció, además, que durante la represión policial-militar en algunas localidades en noviembre pasado «los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial».
Longaric aseguró que ese informe preliminar, expedido el jueves, «no corresponde a la verdad de los hechos».
Para la canciller, de una nueva investigación en terreno van a surgir «una serie de rectificaciones» al informe previo de un equipo de la CIDH.
Una de las prioridades para la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, es que la CIDH pueda recopilar opiniones y descargos de sectores e instituciones que son mencionados como violadores de los derechos humanos, como las Fuerzas Armadas o la policía.
«Estamos muy confiados en que esta investigación va a ser de carácter imparcial y que va a arrojar un informe correcto, acorde con la verdad. El gobierno no tiene nada que ocultar respecto a los hechos producidos a partir del mes de septiembre a la fecha», precisó.
Anticipó que se espera la llegada de la comisión de la CIDH en los próximos días. Aseguró que su labor también estará acompañada por el mismo Poder Ejecutivo.