Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, expresó este jueves su temor de que algunas medidas de emergencia contra el covid-19 sean usadas como justificación para introducir «cambios represivos» que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia.
«Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión», señaló.
Indicó que en algunos casos se utiliza la epidemia para «justificar cambios represivos de la legislación convencional, que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia».
La ex presidente chilena manifestó la inquietud en una sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos para analizar los efectos políticos y sociales de la pandemia. Sin embargo, evitó dar ejemplos concretos, aunque gobiernos como los de Hungría o Filipinas, entre otros, han sido criticados en las últimas semanas en ese sentido.
Bachelet reconoció que muchas de las medidas de emergencia adoptadas «son necesarias para responder a esta emergencia de salud pública». Sobre todo en un momento en que muchos gobiernos están tomando «decisiones muy difíciles».
No obstante, afirmó que la situación excepcional «no es un cheque en blanco para olvidar las obligaciones con los derechos humanos».
Proporcionadas
La alta comisionada insistió en que las medidas de emergencia deben ser «necesarias y proporcionadas». Subrayó que debe informarse claramente a las poblaciones sobre su contenido y duración.
Bachelet también mostró preocupación por los pasos de algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión. Alertó que esas medidas, justificándose en el combate a supuesta «desinformación», podrían dirigirse contra cualquier crítica.
«En algunos países se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección, o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales», denunció.
La funcionaria insistió en que «criticar no es un delito».