La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció este martes 13 de octubre el inicio del proceso para reformar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), un largo camino que abre las puertas a procedimientos de participación popular y cuya aprobación será responsabilidad del próximo gobierno. En los próximos días se dará el puntapié inicial al proceso, con una etapa de educación cívica y a partir de marzo de 2016 ?diálogos ciudadanos? sentarán las bases del proyecto de nueva Constitución, que será presentado a inicios del segundo semestre de 2017 al congreso. Pero como las leyes vigentes no contemplan ?mecanismos para elaborar una nueva Carta Fundamental (…) a fines de 2016 enviaremos al Congreso un proyecto de reforma de la actual Constitución para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva?, anunció Bachelet en una breve cadena nacional. En la propuesta se pedirá al próximo Congreso -elegido en 2017 junto al sucesor de Bachelet- que defina qué fórmula será utilizada para redactar el nuevo documento. Las opciones serán ?formar una comisión bicameral de senadores y diputados; la segunda, formar una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la tercera es la convocatoria a una Asamblea Constituyente? y la cuarta ?un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas?, agregó la socialista. De tres quintos de los votos de los legisladores será la mayoría necesaria para que el nuevo Congreso defina una de las cuatro fórmulas, a través de la cual se discutirá el proyecto enviado por el gobierno de Bachelet, que al cierre del proceso deberá ser ratificado por votación popular.  ?La actual Constitución tuvo su origen en la dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría (…) por eso ha llegado el momento de cambiarla?, enfatizó Bachelet durante su discurso. El inicio del proceso hacia una nueva Constitución estaba previsto para setiembre, pero el gobierno postergó la decisión.


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