La pena de muerte en Irán se cobró la vida de 853 personas en 2023, la cifra más alta de los últimos ocho años, afirmó Amnistía Internacional en un informe publicado este jueves.
El número de personas ejecutadas el año pasado aumentó en 48% respecto a 2022, con más de la mitad de ejecuciones, 481, relacionadas con delitos de estupefacientes.
Bajo el punto de vista de la organización, que cree que el número de muertes es «incluso mayor», las ejecuciones relativas a delitos de droga tienen un componente discriminatorio que procede de los cambios en la estrategia antidroga del país.
Casi un tercio de las ejecuciones por drogas en 2023, 29%, fueron de personas de la minoría baluchi iraní, que supone solo 5% de la población total del país, según Amnistía Internacional.
Además, el año pasado las autoridades ejecutaron a seis personas en relación con las protestas de 2022 bajo el grito ‘Mujer, vida y libertad’ tras la muerte de Mahsa Amini en una comisaría, donde se encontraba bajo custodia policial tras ser detenida en Teherán por llevar mal colocado el velo.
En ese contexto, Amnistía Internacional reclamó «medidas internacionales contundentes» para detener las ejecuciones en el país asiático, que en su mayor parte (61%) son dictadas por los tribunales revolucionarios.
Estos, de acuerdo con la oenegé, «operan bajo la influencia de los organismos de seguridad e inteligencia y, para dictar sentencias condenatorias, utilizan habitualmente ‘confesiones’ forzadas obtenidas mediante tortura».
A juicio de la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy, las autoridades iraníes «han instrumentalizado la pena de muerte en un intento de sembrar el miedo entre la población y reprimir la disidencia».
Las políticas antidroga de Irán, para Eltahawy, «contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas» del país.