La República Islámica de Mauritania, ubicada en África occidental, se ha convertido, según autoridades colombianas, en un nuevo punto de partida de migrantes irregulares que buscan a toda costa llegar a Estados Unidos para tener en ese país mejores condiciones de vida.
La migración irregular desde África por el aeropuerto de Bogotá quedó en evidencia con la aparición esta semana de dos menores de edad que permanecieron varios días en el terminal aéreo de la capital colombiana y que ahora están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La directora del instituto señaló ayer: “Se han ubicado ya las familias de la niña y el niño provenientes de África que se encontraban en el aeropuerto y empieza un proceso que toma tiempo para acompañarlos en la restitución con la ruta familiar. Agradecemos la preocupación y lanzaremos campaña por una migración segura”.
Aunque Mauritania está a más de 7.000 kilómetros de Colombia, fuentes de inteligencia le dijeron a El Tiempo que desde allí salen muchos de los migrantes que hacen escala en Turquía y abordan un vuelo rumbo a Colombia. Si tienen cómo, buscan pasar a El Salvador o Nicaragua también por avión. Si no, tras llegar a Bogotá emprenden la peligrosa travesía por el Tapón del Darién o buscan el paso por San Andrés.
Investigadores señalaron que esa ruta se ha popularizado especialmente entre la población más joven, por cuenta de su promoción por medio de las redes sociales, y añadieron que organizaciones criminales cobran entre 8.000 y 10.000 dólares a los migrantes irregulares por el «paquete» con destino a Estados Unidos.
En octubre, el gobierno de El Salvador impuso un impuesto de ingreso a ciudadanos de 57 países de África y de la India de 1.130 dólares, lo que incrementó el valor de esa ruta y llevó a que los coyotes aumentaran la oferta de rutas ilegales por otros países como Colombia.
Desde hace meses, en los vuelos provenientes de Turquía ha llamado la atención la presencia de gran cantidad de ciudadanos africanos, imágenes que incluso han circulado por las redes sociales. De hecho, solo en diciembre, según cifras de la Cancillería, fueron inadmitidas en Colombia 150 personas de ese continente.
El Tiempo consultó con Migración Colombia sobre las cifras oficiales de entrada de ciudadanos africanos al país, pero al cierre de esta edición no había respuesta.
Migración Panamá, que hace riguroso seguimiento del fenómeno, señala que de enero a noviembre de 2023, de los 495.000 ciudadanos que han llegado a dicho territorio por tierra desde Colombia, 9.200 son africanos provenientes de países como Guinea, Camerún, Somalia, Angola, Burkina Faso y Eritrea, entre otros.
El paso por Bogotá es solo una pequeña escala del viaje que ofrecen los coyotes y que en la mayoría de los casos llevará a los migrantes por tierra hasta Necoclí, Antioquia, y de allí al Chocó, para luego internarse en la selva con destino a Panamá y seguir subiendo por Centroamérica hasta Estados Unidos.
Un informe del Ministerio de Defensa dice que en lo corrido del año en las vías del país han sido detenidos 589 migrantes irregulares, que fueron entregados a las autoridades correspondientes.
Una vez salen de Colombia, los migrantes, de acuerdo con un informe de Médicos sin Fronteras, toman un bus que cuesta 40 dólares que los lleva a la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Planes de Gualaca, en la provincia de Chiriquí (Panamá).
Luego “deben tomar un bus al terminal de David y desde allí otro que los lleva a la ciudad de Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. Ambos buses suman aproximadamente 10 dólares. De ahí en adelante, los pasajes de bus dentro de cada país rondan entre los 40 y los 50 dólares. En Nicaragua es obligatorio tramitar un salvoconducto que vale 150 dólares. Luego, en Honduras, deben sacar un salvoconducto que es gratis”, se lee en el informe.
La situación es tan complicada que ya el gobierno colombiano estudia medidas. El vicecanciller, Francisco Coy, le dijo a El Tiempo que se evalúa la posibilidad de ampliar el requisito de las visas de tránsito para algunos países africanos para mitigar esta migración irregular.
Coy fue enfático en que no hay ninguna decisión tomada al respecto y que apenas se está evaluando una futura medida. Sin embargo, la posibilidad está sobre la mesa y es un asunto que se viene analizando desde finales de octubre.
“En un fin de semana resultaron 300 ciudadanos de países africanos estancados (en El Dorado) sin posibilidad de embarcar a su siguiente destino, que en todos los casos era El Salvador”, relató el funcionario.
Estos migrantes llegaron en un vuelo de Estambul, de la aerolínea Turkish Airlines, y en su momento Migración Colombia dijo que los ciudadanos africanos que ingresan a Colombia requieren visa, a excepción de quienes vienen de Marruecos; de no tenerla, no se les permite el ingreso. En esos casos son devueltos por avión a los países desde donde se embarcaron.
Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy 11 países africanos no requieren visa de tránsito en el país, entre ellos Guinea (país de origen de los dos menores abandonados en el aeropuerto), Gabón, Congo, Chad y Burundi.
José David Riveros, secretario de Gobierno de Bogotá, señaló que en la ciudad está activa la Ruta de atención a víctimas del delito de trata de personas para brindar las medidas de orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico a las víctimas.
Esto porque, “a nivel nacional, Bogotá es la ciudad que recibe la mayor cantidad de casos de víctimas de trata de personas, esta realidad representa un llamado a implementar acciones concretas orientadas a garantizar una atención de calidad a las personas que se ven afectadas por esta grave vulneración a los derechos humanos”.
En el paso por el aeropuerto de Bogotá se ha evidenciado que hay corrupción de algunos funcionarios estatales que estarían aprovechando sus cargos para que migrantes irregulares abandonen las zonas de control y puedan reunirse con los coyotes que los esperan a la salida del terminal.
En septiembre, la Dijín de la Policía realizó una primera fase de una operación, en cooperación con la Fiscalía y agencias de Estados Unidos, la cual tendrá desarrollo en los próximos días. Esa operación llevó a la captura de 10 personas y a adelantar un proceso de extinción de dominio por más de 2.000 millones de pesos.
Según la investigación, los procesados hacían parte de una red criminal que tenía sitios de paso de migrantes irregulares en Cali, Medellín y Bogotá.
“Estas personas serían las encargadas de contactar a los ciudadanos extranjeros que no eran admitidos por Migración Colombia, ofrecerles los servicios ilícitos para cumplir su intención de viajar y sacarlos del terminal aéreo entre contenedores de basura”, advirtió la Fiscalía.
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