El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó este viernes una nueva arremetida de la fiscalía que busca invalidar su victoria electoral, lo que calificó de un «golpe al corazón de la democracia» guatemalteca cuando solo falta poco más de un mes para su investidura.
«Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso. Los golpistas están dando patadas de ahogado», afirmó Arévalo en conferencia de prensa.
«Es un golpe al corazón de nuestra democracia», subrayó, y llamó a los guatemaltecos a «defender enérgicamente» los comicios y la «posibilidad de construir un país distinto».
Arévalo sostiene que el Ministerio Público (fiscalía) busca evitar que asuma el poder el 14 de enero, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
En esta nueva ofensiva, la fiscal Leonor Morales denunció anomalías en «las actas finales de cierre de escrutinio» porque no fueron aprobadas por el «pleno» del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por lo que «son nulas» para consignar los resultados de las elecciones.
En rueda de prensa, Morales señaló que la investigación se hizo por la denuncia de «un ciudadano», pero no lo identificó ni mencionó responsables.
Exhorto al TSE
El jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, anunció que el TSE debe analizar los resultados de la investigación y tomar «la decisión al respecto».
Pero de inmediato, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, defendió la elección de Arévalo, un socialdemócrata de 65 años que ganó en segunda ronda presidencial en agosto pasado, tras los comicios generales de junio.
«Los resultados están validados, están oficializados y son inalterables (…)», los funcionarios electos «deben tomar posesión» en enero, «de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional», afirmó.
La magistrada aseguró que la fiscalía no tiene «facultad» para hacer que el TSE anule unas elecciones, «salvo una sentencia» de la Corte de Constitucionalidad (máximo ente judicial)».
Arévalo y sus seguidores acusan a la fiscal general Consuelo Porras de ser la artífice del «golpe de Estado» y han pedido su renuncia en manifestaciones en las calles. «Los golpistas intentan destruir el régimen democrático», insistió este viernes.
Condena internacional
Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), condenaron las acciones de la fiscalía.
Es «otro intento flagrante e inaceptable de desafiar la voluntad de los guatemaltecos y negar la elección del presidente electo», dijo en X (antes Twitter) el secretario adjunto de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, quien prometió «una fuerte respuesta» de Washington.
«El intento de anular las elecciones (…) constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo», afirmó la secretaría general de la OEA.
La Unión Europea condena «de manera inequívoca los intentos» de anular los resultados de las elecciones «basándose en falsas acusaciones de fraude», dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Por su parte, el gobierno de Guatemala rechazó «enérgicamente los precipitados pronunciamientos de algunos actores de la comunidad internacional» al señalar acciones que podrían «suponer una alteración del orden constitucional».
«No hay acción alguna que pueda impedir que todas las autoridades electas tomen posesión de sus cargos», aseguró en un comunicado.
Rechazando las críticas de la comunidad internacional, Curruchiche aseguró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como «diplomáticos, embajadores, senadores de países extranjeros de forma abusiva quieren interferir» y evitar que la fiscalía investigue.
Retiro de la inmunidad
Sin dar tregua, la fiscalía también acusó a Arévalo este viernes de supuestas ilegalidades en la formación de su partido, Semilla, en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero, por lo que insistió en que se le debe retirar su inmunidad de presidente electo.
Según la fiscalía, Arévalo sabía de falsificaciones de firmas cuando se creó el partido y presuntamente tampoco registró los ingresos de la fuerza política.
Arévalo rechazó esas acusaciones y dijo que todo «está debidamente documentado».
En noviembre, la fiscalía presentó una primera solicitud para despojar de inmunidad a Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a quienes acusó de instigar a estudiantes que ocuparon de mayo de 2022 a junio de 2023 una universidad estatal.
La fiscalía también ha emprendido acciones contra el TSE, cuatro de cuyos magistrados abandonaron hace una semana el país horas después que el Congreso les quitó su inmunidad por supuestos actos de corrupción.