Amnistía Internacional criticó las restricciones que el Estado peruano impuso para el ingreso legal de migrantes venezolanos, al considerar que responden a una controvertida política gubernamental para reducir el número de solicitantes de asilo y refugio.
Perú tiene más de 863.000 venezolanos con permanencia legal en el país y unas 350.000 solicitudes de refugio, lo que es cerca de la mitad de las peticiones presentadas por venezolanos en el mundo, indicó el director de Campañas e Incidencia de la ONG en Perú, Joel Jabiles.
«Si bien Perú se ha presentado en años previos como un país solidario y demostrado empatía hacia las personas que han llegado, en el último período la respuesta del Estado ha generado restricciones, así como situaciones que comprometen la responsabilidad del Estado en materia de las obligaciones internacionales de derechos humanos», indicó Jabiles.
Perú da la espalda a los venezolanos
El representante de Amnistía se refirió al informe de la organización «Buscando Refugio, Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela». El texo se basa en entrevistas con 40 migrantes venezolanos en la frontera de Perú con Ecuador, que se encuentran impedidos de ingresar por una serie de motivos.
«Lo que estaría ocurriendo en Perú es una política deliberada de no permitir el ingreso de más personas venezolanas al territorio peruano, y esto fundamentado en los cambios que se han evidenciado en el sistema, tanto en el asilo, como en la visa humanitaria», señaló.
El portavoz explicó que las personas que han hecho el esfuerzo de acceder con una visa «para entrar en forma regular a un país para poder reconstruir sus vidas, llegan a la frontera peruana y se les rechaza el ingreso», en muchos de los casos por falta del sello de ingreso y salida de Ecuador.
«Eso muestra que la visa humanitaria hoy en día como mecanismo de protección complementaria ha quedado obsoleto, no está cumpliendo sus funciones», destacó.
Esperan una respuesta en la frontera
Sobre la solicitud de asilo en la frontera, las autoridades peruanas modificaron el proceso y los solicitantes deben esperar a tener la respuesta de que el trámite fue admitido para poder ingresar a territorio peruano.
«Hemos encontrado decisiones que se realizan de manera arbitraria. Decisiones que toman plazos muy extensos, que hacen que las personas, al no poder acceder al territorio, esperen en la frontera en condiciones realmente precarias», manifestó Jabiles.
Solo 13% de estas solicitudes han sido admitidas a trámite, mientras que 87% permanecen en la frontera, según datos de la Cancillería.
Miles de solicitudes de refugio
Perú es hoy en día el primer país en el mundo con más solicitudes de refugio de personas venezolanas, con 350.000. Esto representa un enorme desafío para las autoridades peruanas, dijo Jabiles.
Sin embargo, al ser rechazadas o sufrir por la demora de sus trámites, «estas personas al no tener otra forma ingresan irregularmente al país, entonces están expuestas al tráfico de personas, a trata de personas, a ser sometidos a situaciones de explotación laboral y otras situaciones de explotación».
Entre 200 y 300 ingresos irregulares diarios se dan por la frontera norte de Perú, según datos de la oficina de Migraciones.
Las medidas se enmarcan «en un contexto en que vemos un discurso realmente xenófobo y discriminatorio de altas autoridades», tras la creación de una brigada policial de migración delictiva porque «estigmatiza a una población por su nacionalidad», agregó Jabiles.
Reconocimiento colectivo
Amnistía Internacional propone que Perú aplique un procedimiento de reconocimiento colectivo. Que permita a los solicitantes acceder a la condición de refugiado, como Brasil, que ha reconocido a más de 30.000 refugiados de Venezuela.
Asimismo, medidas de protección complementarias compatibles con las obligaciones de derechos humanos, excepciones a favor de la reunificación familiar, y que se establezca un mecanismo de regularización para los venezolanos que están ya en territorio peruano en situación irregular.
Trámites no garantizan permanencia
Un joven venezolano que tramita su refugio en una oficina de la Cancillería en Lima, Ricardo Cruz, contó este miércoles a Efe que legalmente están «inseguros todos aquí, (porque) tienes un papel para estar en un país y no te sirve de nada».
«Anoche tuve un amigo que se lo llevaron con su moto y duró nueve horas en la comisaría, con sus papeles y todo, pero le decían que se lo llevaban» para ser expulsado del país, relató.
Cruz dijo que a otros amigos los expulsaron del país, pero «se están regresando otra vez, de cualquier forma, porque legalmente ustedes nos llevan, pero nos regresamos más rápido que imposible».
«No hay opción de quedarse (en Venezuela) porque todo el mundo sabe cual es la situación de nuestro país», expresó.