La Fiscalía pidió audiencia ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para imputarle cargos a la exparlamentaria Aida Merlano Rebolledo, quien fue deportada a Colombia desde Venezuela la semana pasada.
El ente acusador solicitó la diligencia para imputarle el delito de fuga de presos.
Fuentes oficiales señalaron que este martes una Fiscalía Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín radicó esa solicitud. Además se pedirá una nueva medida de aseguramiento en contra de la exrepresentante a la Cámara.
Merlano fue capturada en marzo de 2018, cuando pasó de representante a la Cámara a ser elegida senadora de la República por cuenta de un entramado de compra de votos desplegado desde la llamada Casa Blanca, su sede de campaña en Barranquilla. Aunque fue elegida como senadora, nunca se posesionó pues fue capturada.
Fuga de Merlano
El escándalo de corrupción electoral evidenció las viejas prácticas de ‘carruseles’ de personas pagadas para votar por determinados candidatos y llevó a la captura de 15 personas vinculadas a la campaña de Merlano Rebolledo, así como al juicio contra Julio Gerlein, poderoso empresario de la Costa, e indagaciones en la Corte Suprema de Justicia contra aforados.
Por esos hechos, la exlegisladora tiene una primera condena de 11 años de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. Esa condena ya está firme.
También tiene una segunda condena de noviembre del año pasado de 5 años y 6 meses de prisión por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. Esta condena fue apelada por la defensa de la exparlamentaria y está pendiente de la decisión de segunda instancia.
Merlano Rebolledo estuvo privada de libertad en Colombia un año y siete meses antes de fugarse, en octubre de 2019, de un consultorio odontológico en Bogotá.
El tiempo que pasó presa ya se descuenta de las condenas en su contra y ahora el juez 18 de Ejecución de Penas de Bogotá, a quien le correspondió vigilar su pena, tendrá que determinar el tiempo que estuvo detenida en Venezuela y si le cuenta para avanzar en el cumplimiento de su sentencia. Además, en su sitio de reclusión ella puede trabajar y estudiar para reducir su condena.
Por el delito de fuga de presos por el que responderá ahora ya está condenada en primera instancia a 7 años y 6 meses de prisión su hija Aida Victoria Merlano Manzaneda.
En el mismo caso un juez absolvió al odontólogo Javier Guillermo Cely por no encontrarlo responsable de la fuga.
Igualmente fueron vinculados por esos hechos nueve funcionarios del Inpec. En ese caso, señaló la Fiscalía, se presentó una ruptura procesal para el capitán David Alexánder Álvarez Cárdenas, quien fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de favorecimiento para fuga de presos y prevaricato.
Con respecto a los otros ocho funcionarios del Inpec, el proceso se encuentra en etapa de indagación, bajo la dirección de un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Corrupción.