Amnistía Internacional, (AI), que anteriormente había denunciado la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en mayo de 2019, reafirmó este miércoles su teoría después de que la ONU emitió un informe que avala la acusación, tras realizar una investigación de violaciones de derechos humanos en el país.
«En un hito para las víctimas de violaciones de derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, de la ONU, que avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país», manifestó Amnistía Internacional en un comunicado.
El documento de la ONU señala que, desde el año 2014, se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de los funcionarios del régimen de Maduro y los efectivos de los cuerpos de seguridad estatales.
Los crímenes más comunes cometidos han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas, principalmente, a manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.
Ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional se unió al llamado de la ONU, que reclama a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, «que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición».
Para la elaboración del informe se revisaron 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y considerados ejecuciones extrajudiciales.
Además, según información de varias fuentes manejadas para la elaboración del documento, se han registrado 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos 6 años.
Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
«Evitar la impunidad»
El pasado agosto, 84 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos pidieron a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que, durante su 45° período de sesiones, renueven y fortalezcan el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
En su labor, «los Estados deben garantizar que la misión cuente con financiación suficiente y esté capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de justicia internacionales como la Corte Penal Internacional», explicó Amnistía Internacional.
La organización precisó que la finalidad de la petición de las entidades de fortalecer el mandato de la misión es evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela.