Organizaciones en favor de los derechos humanos solicitaron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crear una comisión para investigar las masacres y desapariciones de migrantes en México.
Así lo pidieron asociaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access México (AAMX) o Apoyo a Migrantes Venezolanos en una audiencia del 188 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington.
En momentos en que se da un flujo migratorio sin precedentes, organizaciones civiles mexicanas calculan que en 2022 cerca de 900 personas murieron al intentar cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos y que 2,76 millones fueron detenidas al intentarlo.
Desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas migratorias -como la deportación inmediata- se ha intensificado la presencia de migrantes en la frontera y las críticas al gobierno mexicano también han aumentado por aceptarlas y cooperar con Washington.
Mesa de diálogo con autoridades mexicanas
Entre las propuestas expuestas en la sesión se contempla establecer una mesa de diálogo con autoridades mexicanas para reformular la política migratoria del país, puesto que los representantes invitados consideran que las medidas «no pueden seguir siendo pensadas desde el gobierno de manera unilateral».
«Estados Unidos y México hacen acuerdos bilaterales sobre políticas que están matando y que no frenan la migración, sino que aumentan el riesgo en su proceso», aseguró una miembro del Instituto para las Mujeres en la Migración.
Los activistas apuestan por otra mesa que tenga el objetivo de reparar el daño de las víctimas migrantes, pues «la impunidad y la incertidumbre sigue siendo absoluta» en muchos casos, señalaron en un Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos.
La sesión también ha contado con la intervención de dos supervivientes del incendio ocurrido el 27 de marzo en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de México en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 detenidos en el centro y 28 resultaron heridos.
Uno de ellos garantizó que la estación parecía una cárcel «sin higiene ni ventilación» y que cuando el incendio empezó, los guardias no hicieron caso a sus gritos de socorro y no abrieron las puertas.
Ante la exposición de los representantes de las víctimas y de los testimonios, la embajadora del Servicio Exterior Mexicano, Luz Elena Baños Rivas, en representación del Estado de México, enumeró acciones que el gobierno impulsó para ayudar a las víctimas de estos casos.
La funcionaria mexicana aseguró que la política migratoria del país se enmarca en «el respeto a los derechos humanos y en el principio pro persona» que reconoce su Constitución.