Líderes de organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos pidieron este jueves al gobierno de Joe Biden que evite aplicar políticas que restrinjan las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Los activistas rechazaron las alternativas que la administración está sopesando implementar ante la suspensión judicial del Título 42, una normativa sanitaria que ha permitido hasta ahora expulsar a la mayoría de personas que cruzan la frontera sur.
El portal Axios informó que el gobierno de Biden está considerando prohibir las solicitudes de asilo a los adultos que crucen de manera irregular la frontera si han pasado previamente por otro país de la región y no solicitaron protección allí.
Cargos criminales
A su vez, la administración está contemplando presentar cargos criminales contra quienes atraviesen irregularmente la frontera.
«Negar protección a solicitantes de asilo es ilegal, es mortal y es inaceptable», dijo el director de la organización Hope Border Initiative, Dylan Corbett, en una llamada con reporteros.
Estas políticas son similares a las medidas que fueron tomadas por el gobierno de Donald Trump (2017-2021) y que fueron ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y líderes políticos dentro de Estados Unidos, apuntaron los activistas.
En concreto, la criminalización de los cruces irregulares en la frontera llevó a la polémica separación de grupos familiares y las imágenes de menores en centros de detención.
Para solicitar asilo en Estados Unidos es necesario estar presente físicamente en el país, de acuerdo con la ley.
«Reemplazar el Título 42 con esfuerzos para criminalizar aún más y expulsar a personas que buscan seguridad no es en absoluto un avance», aseguró Mary Miller Flowers, analista de la organización Young Center for Immigrant Children’s Rights, quien también estuvo en la llamada.
Plan para acabar con el Título 42
El gobierno anunció el martes que ha puesto en marcha un plan para acabar con el Título 42 en cumplimiento con una orden de un juez federal que le dio plazo hasta el 21 de diciembre para acatar un fallo que le obliga a suspender la normativa.
Cuando sea suspendida esa normativa puesta en pie por Trump se aplicará el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.