El hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, quien fue secuestrado por individuos que se hicieron pasar por funcionarios chilenos la madrugada del miércoles 21 de febrero, ha puesto en foco la realidad de un sector marcado por la marginalidad y la delincuencia.
Los restos de Ojeda los encontraron dentro de una maleta, sepultada bajo una estructura de cemento, en un sector ubicado en la comuna de Maipú, específicamente en el Camino a Melipilla.
La realidad del sector donde encontraron el cuerpo de Ronald Ojeda
Se trata de un caserío que comenzó a tomar forma en 2018 con las primeras viviendas irregulares. En 2020, durante la pandemia, tuvo un aumento significativo en población. Y actualmente, según registros municipales, cerca de 600 familias, en su mayoría de nacionalidad haitiana y venezolana, residen en el lugar.
Sin embargo, la delincuencia es una preocupación constante en esta zona, donde se reportan frecuentes actos criminales que van desde la prostitución hasta el tráfico de drogas. Y a pesar de los esfuerzos municipales por aumentar la seguridad, la situación persiste como un desafío constante.
El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, expresó la dificultad para controlar el área debido a la resistencia de grupos delictivos y la complejidad logística que implica el desalojo de las viviendas ilegales.
“Como municipio hemos desarrollado más de 50 operativos para desalojar viviendas y evitar nuevas instalaciones. Además de interponer querellas contra bandas que generan negocio con la toma ilegal de terrenos. Pero el control del sector se vuelve sumamente complejo por sus condiciones”, explicó a Emol.
El campamento de Camino a Melipilla se levanta hace 6 años producto de la negligencia de una gestión municipal que permitió la instalación de casas sin ningún tipo de control. Hoy, desalojar y reubicar a más de 600 familias se hace urgente, pero requiere del Estado en su conjunto pic.twitter.com/e0AtLyiVr9
— Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) March 1, 2024
Además, aseguró que sus funcionarios han resultado agredidos al intentar intervenir en el área. “Para poder erradicar más de 500 viviendas se requiere un esfuerzo del Estado en su conjunto, algo que hemos solicitado al gobierno anterior y también a este. Esperamos tener acciones concretas cuanto antes”, agregó Vodanovic.
El llamado a la acción
No obstante, dentro de la municipalidad, tienen una visión clara con respecto al caserío: nunca debió permitirse.
Por tal motivo, el alcalde instó al gobierno chileno a coordinar esfuerzos para abordar la problemática de dichas viviendas ilegales; que representa un foco de violencia y delitos desde hace años.
“Poder desalojar y reubicar a más de 600 familias es una tarea que excede con creces la capacidad legal y logística que tenemos como municipio”, añadió en su cuenta de X.