La justicia de El Salvador absolvió este lunes a Evelyn Hernández, acusada por la muerte de su bebé al dar a luz, en un caso significativo en un país con una severa legislación contra el aborto.
«¡Absuelta!!!, sí se pudo», escribió en Twitter la abogada Bertha María Deleón, del equipo que defendió a Hernández, de 21 años de edad, para quien la Fiscalía había pedido una lapidaria condena de 40 años.
Luego de revelarse el fallo, un centenar de mujeres que clamaban por justicia frente al tribunal estallaron en alegría coreando: «¡Alerta, alerta, alerta, que camina la lucha feminista por América Latina!».
«Gracias a Dios, se hizo justicia. También les doy las gracias a ustedes que han estado aquí presentes», les dijo Hernández al salir del Centro de Justicia de Ciudad Delgado, en la periferia noreste de San Salvador, donde se llevó a cabo el juicio.
Tras el fallo del juez José Jurado Martínez, los fiscales se retiraron del tribunal sin ofrecer declaraciones a la prensa. La Fiscalía tiene diez días de plazo para apelar la decisión.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dijo en un comunicado que «esta es una victoria rotunda para los derechos de las mujeres en El Salvador».
La organización pidió al Estado salvadoreño poner fin a «la vergonzosa y discriminatoria práctica de criminalizar a las mujeres» mediante la derogación de «las normas draconianas antiabortos».
Hernández había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel por los mismos hechos, pero la sentencia fue anulada en febrero de este año por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
«Fue duro todo el tiempo que estuve dentro», expresó la joven, al aludir a los 33 meses que purgó en la cárcel tras su primera sentencia.
«Mi futuro es seguir estudiando y sacar mis metas adelante. Estoy feliz», manifestó este lunes, visiblemente emocionada.
«No había delito»
«Hoy tenemos una evidencia más de que no había delito alguno, que no había nada que perseguir», declaró el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana, Arnau Baulenas, a su salida del tribunal.
Baulenas, quien se sumó a la defensa de Hernández, lamentó que muchos casos de mujeres en El Salvador se judicialicen «por convicciones religiosas».
El caso de Hernández se remonta al 6 de abril de 2016, cuando la joven tuvo un «parto extrahospitalario» en una letrina. Luego, al llegar a un hospital de la oriental ciudad de Cojutepeque, quedó detenida y acusada de homicidio agravado.
El parte del Instituto de Medicina Legal no fue concluyente sobre lo ocurrido, aunque la defensa está convencida de que el bebé nació muerto porque aspiró meconio, el primer excremento que, al ser expulsado dentro del vientre, causa daño al feto.
En respuesta a un recurso de casación de la defensa, la Corte Suprema de Justicia anuló en octubre pasado la sentencia de 30 años de prisión por homicidio agravado por «falta de fundamentación e infracción a las reglas de la sana crítica» en las pruebas presentadas.
Después de esa contundente resolución, la Corte ordenó en febrero pasado la libertad de la joven y la apertura de un nuevo juicio con un tribunal diferente.
Fallo abre esperanza
«Es un fallo muy importante, pues abre la esperanza de la recuperación de la libertad de todas las mujeres que están condenadas o privadas de libertad en este momento», declaró a la AFP la coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Morena Herrera.
En El Salvador actualmente hay 16 mujeres encarceladas por abortos o pérdidas gestacionales, en algunos casos en contextos de emergencias obstétricas, bajo la legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.
El Código Penal salvadoreño, en su artículo 133, establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto -incluso los espontáneos- como «homicidio agravado», un delito penado con 30 a 50 años de prisión.