91% de los peruanos desaprueba la destitución del expresidente Martín Vizcarra a manos del Congreso el 9 de noviembre. 78% de ellos responsabilizan exclusivamente al Parlamento por la crisis política que se desató en consecuencia.
Así se desprende de la primera encuesta publicada sobre la crisis política y social que dejó dos muertos, decenas de heridos, casos de desaparecidos y la sucesión de dos presidentes en menos de una semana. La encuesta la realizó el Instituto de Estudios Peruanos y la difundió el diario La República.
Los datos de la encuesta coinciden con la apreciación evidente en las calles del rechazo masivo a los pasos del Congreso que llevaron a la asunción de Manuel Merino.
La encuesta se realizó por teléfono entre el 12 y el 15 de noviembre, aún bajo el mandato de Merino y antes de su dimisión. Cuenta con margen de error de +/- 3,9%.
En otro dato significativo, la desaprobación de la gestión del Congreso alcanzó 90%, mientras que la aprobación de Vizcarra al momento de su destitución fue de 77%. Este fue un registro récord en la vida política peruana y pese a las graves acusaciones de corrupción en su contra.
En octubre, la desaprobación del Congreso era de 65%.
83% de los peruanos considera además que la decisión de la vacancia se dio exclusivamente por los intereses políticos o personales de los legisladores.
Tal es así que 56% de la población, siempre de acuerdo con esta encuesta, considera que este Congreso es peor que el disuelto en septiembre de 2019.
Destitución y crisis
El lunes 9, una votación abrumadora en el Congreso, con 105 votos a favor sobre 130 diputados, declaró «incapacitado moral» al presidente Martin Vizcarra. Se decidió entonces la sustitución por el presidente del Congreso, Manuel Merino, en función de lo que establece la Constitución.
Sobre Vizcarra pesaban acusaciones aún no probadas y vertidas por aspirantes a colaboradores eficaces de la justicia. Entre ellos delatores premiados y acusados de haber recibido sobornos para otorgar obras públicas a algunas empresas cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).
Este era el segundo intento en menos de dos meses para destituir al mandatario impulsado por el Congreso.
De manera inmediata, miles de ciudadanos salieron a las calles en protesta por esa iniciativa. Muchos la consideraron ilegítima, ilegal y un uso forzado de los artículos de la Constitución que regulan el control de poderes.
Luego a esta crisis de legitimidad se unió el rechazo al gobierno que Moreno estableció, formado por políticos de derecha y extrema derecha. El grupo criminalizó la protesta y desató una fuerte represión.
El sábado 14 reprimieron una masiva movilización ciudadana en Lima con extrema violencia y en esa ocasión murieron Jack Pintado e Inti Sotelo, atacados con armas de fuego.
Esa misma noche el efímero gobierno de Merino comenzó a disolverse con la dimisión de ministros. Mientras tanto, el Congreso que lo había aupado le retiraba su apoyo y legisladores pedían su dimisión o destitución.