En la urbanización El Marqués de Caracas, pasada la medianoche del sábado, un hombre llegó borracho a su casa. Llevaba en la mano una bolsa con comida china, que puso en la mesa mientras se quitaba la ropa. Su perrita Lula despertó con el ruido y el olor se le hizo irresistible –llevaba dos días encerrada sin agua ni comida–, así que parada en dos patas alcanzó el envoltorio y desesperadamente se comió todo. Al percatarse el hombre de lo que había hecho su mascota se llenó de rabia, la pateó con furia y no contento con eso la tomó por el cuello y la lanzó por el balcón mientras la maldecía a todo pulmón desde aquel piso 14. Los vecinos llamaron a la policía, el animalito yacía sin vida en mitad de la calle en un charco de sangre. El asesino solo recibió una boleta de citación para un “procedimiento administrativo de multa” al que ni siquiera atendió.

Episodios así ocurren con frecuencia, crímenes sin castigo contra estas criaturas inocentes que solo apoyan al ser humano y le dan un amor incondicional; no es justo, no hay multa que pueda compensar una maldad de tal magnitud, que cuando menos merece cárcel dura, sin derecho a fianza. Pero más grave aún es cuando este tipo de hechos criminales son ejecutados por autoridades públicas, como sucedió en el estado Mérida.

Una sentencia sin sentido

El 14 de marzo de 2015 unos hombres ejecutaron sin remordimiento la orden del alcalde de Timotes, en Mérida: exterminar a los perros callejeros. Aquel día en la madrugada salieron a recorrer las calles del pueblo en una camioneta, desde la que lanzaban pelotas de carne con un poderoso veneno. Los animalitos corrían detrás con alegría devorando aquel regalo que en realidad no era tal.

Su único delito era no tener hogar, pero habían sido sentenciados a morir y de una manera lenta, cruel… Los terribles dolores los hacían aullar, retorcerse, ahogarse en un líquido verdoso que les brotaba como espuma por bocas y narices y les impedía respirar.

Aquella dantesca escena duró gran parte del día. Los niños que iban a la escuela no comprendían y asustados preguntaban a sus padres sobre lo que estaban viendo. El veneno quemaba las entrañas de los perros, que gemían con sus ojos desorbitados, suplicantes. Sus cadáveres quedaron esparcidos por todas partes.

La tristeza, como una nube negra, cayó sobre Timotes. Los habitantes murmuraban rechazos y se santiguaban pidiendo la intervención divina. El alcalde reía en su despacho mientras recibía el informe de los verdugos que ejecutaron aquella malvada orden que debiera tenerle en la cárcel o al menos en el manicomio. Sería lo merecido a falta de un debido castigo por una justicia de la que carecemos, a pesar de que está vigente la Ley para la protección animal publicada el 4 de enero de 2010 en la Gaceta Oficial 39338 y la cual tiene por objeto (artículo 1): “Establecer las normas para la protección, control y bienestar de la fauna doméstica”, y que en su artículo 12 dispone que: “Es obligación de las autoridades municipales atender a los animales en situación de abandono, llevarlos a locales adecuados para la restitución de condiciones mínimas de sobrevivencia”.

También hay una estructura jurídica internacional al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Animales (Londres 23/10/1977), adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales Asociadas, proclamada el 15/10/78, aprobada por la Unesco y posteriormente por la ONU, que establece en su preámbulo que: “Todo animal posee derechos” y que “el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales”.

En Venezuela hay un sufrir generalizado que alcanza a los animales, con el agravante de que estos no pueden denunciarlo en el Parlamento ni pueden acudir a la OEA. En los zoológicos sufren y mueren de hambre tigres y hasta elefantes que antes se alegraban con la visita bullanguera de colegiales que les lanzaban cambures o pedazos de pan. Ahora es común ver bandas de perros damnificados por las calles sin distingo de raza. Andan juntos los “cacri” (callejero con criollo) con schnauzers, labradores, pastores alemanes, coolies, boxers, golden… todos igualados en la misma tragedia que se cierne sobre la patria en manos de desalmados que, en vez de darles comida y cumplir con la ley que ordena protegerlos, les dan veneno sin ley humana que les castigue. ¡Qué dolor!

El dolor de emigrar sin Ronny

Conocí a una pareja de venezolanos que se vino a Miami en precarias condiciones. Durmieron un tiempo en la calle, en las cercanías de la universidad. Allí conseguían que les dieran algo de comida. Solo tenían 500 dólares que guardaban como si fuera la vida. Un día les escuché hablar mientras me tomaba un café y por el acento me di cuenta de que eran mis compatriotas. Los vi tan deshilachados que me movió la curiosidad.

—¿Ustedes son venezolanos, verdad?

—Sí, lo somos.

—¿Y qué les pasa, por qué andan así?

Se me sentaron al lado y me contaron que se vinieron huyendo del desastre. A un hermano de él lo mataron en un atraco y a ella se le murió la madre en un hospital que no pudo brindarle la asistencia debida.

—“Estamos a la buena de Dios, pero el dolor más grande es que tuvimos que dejar a nuestro perrito abandonado” –contó ella y rompió en llanto.

No sé si será extraño, pero fue lo que más me impactó del relato. Lo que más le dolía a aquella pareja que había perdido a un hermano y a una madre, que no tenían dinero ni nada, era su perrito. Un sentimiento sin duda compartido, porque el joven abrazó a su pareja mientras se enjugaba una lágrima.

Me dispuse ayudarles dentro de mis posibilidades y nos mantuvimos en contacto hasta que un día se esfumaron. Tiempo después recibí una llamada de él: “Disculpe que nos fuimos así, sin despedirnos, pero estábamos sufriendo mucho por el perrito. Ana empeoró a causa de la depresión y decidimos regresarnos. Encontramos a Ronny, nuestra mascota, en el mismo sitio donde lo dejamos, cerca de donde vivíamos. Flaco y sucio, hizo un aullido como de lobo cuando nos vio y nos saltó encima. Seguimos estando mal, pero en Venezuela y con nuestro hijo, porque eso es para nosotros esta mascota amada y fiel, más fiel que nosotros que un día la dejamos abandonada porque no podíamos mantenerla. Ahora cuando conseguimos algo lo compartimos con él”.

En mi patria querida no solo los humanos sufren, también los animales, y quizás mucho más porque no pueden decirlo. En los zoológicos mueren las aves, también los cuadrúpedos, hay gente que se come a las garzas, los perros caminan por las calles con la cabeza gacha arrastrando una tristeza que desgarra el alma.

Perros callejeros se han igualado con perros de familias en la misma tragedia, y son miles. Por todas partes se les ve sufriendo sin poder comprender qué ha pasado, por qué los abandonan, ellos no pueden entender la inhumanidad del hombre. Hay almas bondadosas que con grandes limitaciones se ocupan del problema a través de fundaciones que dependen de donaciones individuales, pero eso es insuficiente.

La tragedia humanitaria en Venezuela que ha llevado a ver a hombres, mujeres y niños hurgando en la basura para hallar un pedazo de algo que les mitigue el hambre; a menores de edad esqueléticos y enfermos muriendo a las puertas de los hospitales; a mujeres pariendo en la vía pública; también tiene a los animales deambulando por las calles en mortal estado de abandono sin autoridad que se ocupe del problema. Ellos también tienen derechos que todos debemos reclamar y colaborar para su cabal ejercicio.

El caso Ruperta

La elefante Ruperta tiene 46 años de edad. Muy jovencita la apresaron en África y la enviaron a Caracas para encerrarla en una cárcel, que para ella no fue otra que el Zoológico de Caricuao. Allí debía cumplir la pena de cadena perpetua, en una tierra extraña, alejada de sus padres, de sus congéneres.

Ruperta fue creciendo en esa prisión en condiciones más o menos aceptables. Le daban comida y de vez en cuando la veía un veterinario que le prescribía medicamentos para librarla de enfermedades. Ya sabía si era fin de semana porque el lugar se llenaba de gente que iba a verla, sobre todo niños que le hablaban, le sonreían y hasta le lanzaban cambures o pedazos de pan que tomaba con displicencia porque sus carceleros le daban raciones de verduras y otras de los alimentos propios para ella. Sobre todo los domingos Ruperta se contentaba porque la bullanguera muchachada de colegiales le rompía el aburrimiento de la solitaria semana, pero… llegó la revolución.

Ruperta ha estado al borde de la muerte por desnutrición, no le dan comida, tampoco sus medicamentos. La gente recolectó para llevarle comida y el gobierno niega el permiso para que se la den, es el mismo falso orgullo por el que no permiten la ayuda humanitaria que todo el mundo quiere enviar a los venezolanos. En marzo de 2017 denuncié el caso en mi artículo para El Nacional y eso movió mucho a la opinión pública, tanto que me escribieron desde el Santuario de Elefantes Brasil para hacerse cargo de Ruperta. Hice llegar el ofrecimiento, pero también fue inútil. La prisionera sigue bajo las mismas torturantes condiciones de vida y sin poder hacer más nada que mugir cada vez con menos fuerza su dolor.

Una orangutana ganó un juicio

La orangutana Sandra nació encarcelada en el Zoológico de Rostock, Alemania, y muy jovencita fue trasladada a Buenos Aires, donde dentro de las limitaciones pudo relacionarse con otros de sus semejantes, pero algunos murieron y a otros los cambiaron de prisión.

Sandra experimentó un brusco cambio de conducta. Se le acabó la alegría, dejó de interactuar con los humanos que normalmente iban a visitarla y se encerró en un mutismo total, por lo que le diagnosticaron depresión profunda.

Una asociación defensora de animales (Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales –Afada–), representada por el abogado argentino Andrés Gil Domínguez, pidió a las autoridades que la devolvieran a su hábitat natural, a la selva, pero no la atendieron. Entonces, en nombre de Sandra, presentaron una demanda para que se concediera un habeas corpus, acción judicial propia de personas ilegalmente privadas de libertad.

El petitorio del libelo exigía que a la orangutana se le reconocieran derechos como persona no humana, ante lo cual se generó toda una revuelta judicial con grandes repercusiones en la prensa de muchas partes del mundo. Todos querían saber de aquello.

La juez del Juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo de Buenos Aires, Elena Liberatori, por sentencia del 21 de octubre de 2015, declaró con lugar la acción. El dispositivo del fallo asienta que “Sandra es un sujeto no humano titular de derechos fundamentales, y como tal su cautiverio y exhibición viola sus derechos”.  Seguidamente, y ya cumplidos treinta años de vida del animal, se ordenó su excarcelación y traslado a una reserva en Brasil.

El ejemplo de Francia

El tema de los animales jamás tuvo real atención oficial en Venezuela ni en nuestros mejores tiempos, ahora ni se diga, pero recordemos que está vigente la Ley para la protección animal.

En el presupuesto estatal se determinan fondos con partidas para la comida y atención médica de las distintas especies a cargo de los zoológicos, por ello es injustificable y criminal que esos animales estén muriendo de hambre y de enfermedades como la danta que un día quedó tendida en el mismo sitio de Caricuao. Estas criaturas pasan hasta 15 días sin comer. En el zoológico de Parque Bararida, en Barquisimeto, y en el de Valencia sucede lo mismo. En Mérida, y en todas partes, pareciera que los custodios de esos lugares son los mismos del Sebin de El Helicoide, donde tienen a decenas de presos políticos torturados, sin agua y sin pan.

En este caso de los animales la responsabilidad es del pomposamente denominado Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y su Instituto Nacional de Parques, que tienen presupuestos asignados que, obviamente, como ocurre en todas las dependencias gubernamentales, no está siendo debidamente aplicado a la finalidad específica.

En el mundo las disposiciones legales que tratan el tema animal han venido evolucionando hacia reconocer que se trata de seres vivos, dotados de inteligencia, con sentimientos como amor, compañerismo, miedos, alegrías. Ya antes narramos el caso de la orangutana Sandra que sentó un importante precedente en la materia. También la evolución está alcanzando los complicados espacios de la legislación penal, pues cada día es más evidente que el ser humano no puede permanecer impasible ante la maldad contra los animales. Francia marca pauta, su Parlamento aprobó una propuesta para cambiar la ley que consideraba a las mascotas como bienes muebles y ahora son seres con derechos e incluyó en su Código Penal un artículo, el 521-1 que dispone: «La imposición, en público o de otra manera, de maltrato grave, incluyendo el maltrato sexual, o la comisión de un acto de crueldad sobre cualquier animal doméstico o amansado, o cualquier animal mantenido en cautiverio, se castiga con un encarcelamiento de 2 años y una multa de 30.000 euros”.

Es inhumano estar impasibles ante actos de maldad, de irresponsabilidad contra los animales. Tampoco es permisible mantenernos en unas reglas sancionatorias de multas irrisorias e incobrables. Es necesario establecer una severa legislación punitiva para estas situaciones. Igualmente, se debe configurar una línea de acción fiscal (Ministerio Público) para, en unidad con los dolientes, incluyendo las sociedades civiles, perseguir en nombre del Estado estos crímenes, concretamente creo que se debe organizar un departamento fiscal especial adscrito a la Fiscalía General de la República para estos fines. Por supuesto, esto será para cuando en Venezuela recuperemos un sistema de democracia y de libertades que comience por el respeto a la vida humana.

Es francamente una vergüenza lo que al respecto tenemos en nuestro Código Penal, cuyo artículo 478 dispone: “El que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado por acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a cuarenta y cinco días. Si el perjuicio es ligero, podrá aplicarse solamente multa hasta por ciento cincuenta unidades tributarias. Si el animal tan solo hubiere disminuido de valor la pena de arresto será a lo más de quince días o una multa de ciento cincuenta unidades tributarias como máximo”.

La pírrica evolución del derecho venezolano en esta materia es la asentada en la Ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, vigente desde 2010 y que llega hasta fijar multas a un máximo de 100 unidades tributarias el maltrato mortal a un animal.

Nobleza en medio de la crisis

En Europa se ha venido abriendo paso la legislación, e incluso la constitucionalización de los derechos animales abandonando el concepto de “animal-cosa”. Un tratamiento similar al de Francia ha sido adoptado en Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Australia y Egipto. En Estados Unidos el tratamiento es individual de la legislación de cada estado, habiéndose llegado en Alabama a dar pena de 99 años de cárcel contra un hombre acusado con 75 cargos por maltrato animal. También Uruguay, Colombia, Perú y México han introducido normas en el mismo sentido.

En Venezuela será un tema de obligado abordaje la adecuación de un sistema legal que regule el tema. No podemos seguir apartados de la evolución en esta materia, sobre todo porque tenemos muchos valores humanos propios dispuestos a ello, animalistas con estudios y con vocación que ahora mismo derrochan voluntad y pasión a favor de esos seres que sufren tanto o más que las personas porque estas pueden gritar su dolor, su hambre, su tragedia; los animales no, ellos no tienen voz, nosotros somos su voz, y es por ello que vemos a gente humilde, gente que padece las calamidades actuales y a pesar de ello se ocupa de asistir a los perritos abandonados, se olvidan de lo difícil que es conseguir comida propia para compartirla con ellos. Aunque no sean muy visibles los hay a multitudes y la mayoría haciendo en silencio esa abnegada y bendecida actividad, me consta. A estos humanos hay que reconocerles su nobleza, ya vendrá el día.


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