La posible doble nacionalidad de Maduro encierra un hecho comunicacional y emocional de grado superlativo. Por supuesto, en el caso de que ese fraude se confirmara sería probable que el TSJ quisiera atajarlo bien para torcerlo o para retardar sus consecuencias legales; sin embargo, lo que en ningún caso ese tribunal rojo podría sabotear serían los efectos emocionales del hallazgo. Las FANB y el resto de los poderes recibirían un zarpazo moral; en particular, el TSJ con sus trucos no podría contener la reacción de un pueblo que una vez más se descubriría estafado y burlado en su buena fe por el jefe del Estado.Se agotó el tiempo para tratar asuntos que no agreguen pruebas al expediente que se instruye para retirar a Maduro. A lo mejor corresponde que se redoble el trabajo de investigación que debe hacerse en Colombia para tener una opinión institucional y definitiva sobre ese asunto. Si la salida legal del presidente es la prioridad entonces debería actuarse en coherencia con esa meta. El piso que le queda a su mandato debería recibir toda la atención y las acciones de quienes desean recuperar la normalidad de la república.El retiro de Maduro hay que materializarlo este año; entre otras cosas porque después sería tarde. En enero de 2017 se iniciará un capítulo constitucional y político distinto al que pudiera escribirse en los meses que están por venir. El tiempo conspira contra el cambio; una observación que no debería sorprender a nadie. Ahora bien, la gente percibió que el debate sobre las fórmulas para el reemplazo del gobierno consumió 90 días cuando pudo resolverse en horas o, quizá, en un par de semanas. Es cierto que la página de esas discusiones se pasó y, ahora, algunos piensan que con el abanico de opciones acordadas se avanzará hacia Miraflores; sin embargo, la situación del país exige decisiones oportunas, no basta que sean tardíamente consensuadas.El éxito de la agenda opositora no es una cuestión cuantitativa sino de calidad de tiempo. Es irrelevante el número de fórmulas legales para dar al traste con el gobierno si la ocasión no es la adecuada o se deja escapar el momento. De hecho, serían diferentes los acuerdos y los beneficios que se derivarían de una transición que se inicie en el presente período de otra que empiece el próximo año. Por eso, cuanto antes habría que convertir la salida de Maduro en una realidad política. En caso contrario se tendría que aceptar que no se produzca o suceda al ritmo que le pudiera convenir a la élite gobernante. La expulsión de Maduro debe lograrse en un período ventajoso para los venezolanos, no para los directivos del PSUV; lo cual supone esquivar la burocracia de los poderes. Probar su doble nacionalidad ofrece esa posibilidad: posiciona en la primera línea de la opinión pública los motivos y argumentos suficientes para elevar el tono emocional y popular de la solicitud de su reemplazo.Los poderes están listos para actuar a contrapelo de los intereses de la nación: el CNE no respetará los procedimientos y lapsos del revocatorio; mientras que el TSJ ya debe estar aceitando su maquinaria jurídica para congelar cualquier decisión que le corresponda tomar en esa materia. Además, es probable que un sector del chavismo presione para que la hoja de ruta trazada por la MUD se quede en el papel; pues en la tolda del PSUV hay quienes están interesados en gerenciar la transición a partir de enero. Incluso, el propio presidente podría propiciar un esquema donde entregue el mandato a un vicepresidente pesuvista.En Venezuela hay una guerra política de alta intensidad. El Estado madurista ataca con ferocidad y a la luz del día. Lo menos que debería esperarse es que la oposición responda en términos equivalentes. Después de todo, la legalidad a la que debe rendir tributo no limita la agresividad y velocidad de su ofensiva. Esta guerra se ganará con la Constitución trasformada en garrote o en fusil, si esa expresión se prefiere. Pero es muy claro que no se triunfará sin golpear al gobierno a tiempo y con fuerza en los flancos verdaderamente vulnerables.


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