La Iglesia, los rectores universitarios, el movimiento estudiantil, 43 organizaciones no gubernamentales, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, 41 países y partidos de oposición solicitaron reiteradamente la suspensión de las elecciones presidenciales por considerarlas ilegítimas y que constituyen un golpe a la democracia al violar los derechos políticos de los venezolanos. La reiteradas exigencias no detuvieron al Consejo Nacional Electoral y hoy 4 candidatos –Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada– se disputan la Presidencia de la República.
Los distintos sectores alegan que desde el momento cuando la asamblea nacional constituyente aprobó el decreto en el que ordenaban la realización de los comicios para el primer cuatrimestre del 2018 –primero para el 22 de abril y luego postergado para el 20 de mayo– se comprometió la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral.
“En ninguna normativa se autoriza a la ANC a convocar elecciones ni a fijar parámetros en relación con ella. Tan es así que esa instancia invoca su supuesto poder originario como fundamento de su actuación, pese a que ni su poder es originario ni puede reposar en ella porque el titular de la soberanía es el pueblo venezolano, como lo expresa la Constitución”, señala la solicitud de amparo que introdujeron 43 ONG, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 15 de mayo.
Otro de los cuestionamientos que han señalado expertos es la parcialidad y la permisividad del Poder Electoral hacia las decisiones de la ANC y del Ejecutivo. Aseguran que han construido un proceso electoral condicionado para favorecer y asegurar la reelección de Maduro.
“Este proceso electoral está planeado para hacerle favor a un partido. Prácticamente se está haciendo la elección a la medida del gobierno”, dijo Luisana Subero, coordinadora nacional de Voto Joven.
Una muestra de ello es la inhabilitación de partidos políticos que comenzó en diciembre del año pasado, cuando por decreto de la constituyente el CNE notificó a la Mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Puente que debían validarse por no participar en las elecciones de alcaldes que se efectuaron en diciembre, pese a que a principios de año habían cumplido con el requisito. Del proceso solo se renovó AD, que luego fue invalidado junto con UNT por negarse a postular candidatos a las elecciones presidenciales.
“Maduro acabó con el derecho de oponerse, que es lo más importante en democracia. Lo ideal es que exista un factor crítico que desafíe. Maduro ya no acepta oposición. Los saca del juego e hizo un operativo dirigido a amputarla”, afirmó el politólogo Luis Salamanca.
Otra de las acciones del CNE que favoreció a Maduro fue el cambio de denominación de la tarjeta Nuevo Camino Revolucionario a Movimiento Somos Venezuela, que fue solicitada por la presidente de la ANC, Delcy Rodríguez. De acuerdo con técnicos electorales y dirigentes políticos que habían solicitado ese trámite, el proceso está suspendido desde 2011.
Premura
De los países que realizarán elecciones este año en América Latina, Venezuela es el único en organizarlas en un tiempo menor a 8 meses. Con apenas 11 semanas de anticipación se anunció el cronograma, el cual no fue ni siquiera publicado en la Gaceta Electoral, como lo dispone el artículo 42 de la Lopre.
“El gobierno siempre tuvo claro para cuando quería hacer la elección. Y buscó el momento más apropiado: cuando los demás no estaban preparados ni tenían maquinaria”, dijo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB.
Coincidió con Ignacio Ávalos, miembro de la directiva del Observatorio Electoral Venezolano, en que esta decisión implicó una gran limitación para los candidatos que no tuvieron suficiente tiempo para promocionar sus propuestas y para los electores, pues se les dificulta conocer otras alternativas. “La premura con que se desarrolló el proceso determinó que muchas actividades o no se hicieran o se efectuaran muy rápido. La rapidez deteriora en distintos niveles y dimensiones la calidad del proceso”, indicó.
Vicente Bello, técnico electoral de UNT y la MUD, explicó que un proceso electoral adecuado comprende, al menos, 17 auditorías que en este caso se efectuaron, pero el problema es la calidad de los protocolos y la experticia de los técnicos de las organizaciones que participan en la elección.
“La auditoría del software normalmente dura tres días, pero duró solo uno. Desconocemos si se hicieron como debe ser y si se cumplieron los protocolos. La calidad y la experticia de los representantes es muy importante”, ejemplificó Bello.
Advirtió que el CNE aumentó significativamente el número de centros con una sola mesa de votación con el objetivo de tener el control político sobre quién vota a favor y en contra del candidato del PSUV. “Los centros con una sola mesa son más vulnerables, porque permiten que la maquinaria del gobierno identifique a las personas y deducir si reciben CLAP, bonos o algún otro beneficio del Estado”, agregó el experto.
Coacción
Al cúmulo de irregularidades que denuncian las ONG y los expertos electorales también se suma el uso de recursos públicos en la campaña electoral, y los beneficios sociales para promover y garantizar los votos del oficialismo.
“Maduro habla abiertamente de dar un premio a través del carnet de la patria al que vote por él. Esto es un mecanismo de coacción y un ilícito. La gente está convencida de que no hay secreto del voto y eso genera temor a que le quiten los beneficios”, señaló Alarcón. Agregó que durante la campaña se desarrollaron actos de gobierno que en realidad hacían llamado al voto.
El OEV expuso que en este proceso comicial el gobierno empleó un sistema de vigilancia y control del ciudadano que atenta con la posibilidad de elegir. “Ese sistema del PSUV para controlar quién vota genera la percepción de que el voto no es secreto, además condicionan el acceso a los beneficios y supeditan a la decisión política”, dijo Ávalos.
Subero indicó que el CNE no ha cumplido con los parámetros mínimos para una elección transparente y democrática, y ha permitido acciones que pusieron en desventaja a los candidatos que compiten contra Maduro. “El CNE ha jugado a desmovilizar a la gente y que el sistema se mueva para facilitarle al gobierno una elección que los favorezca”, expresó.
Limitaciones
Voto Joven recordó la poca oportunidad que se les dio a los ciudadanos para inscribirse y actualizar sus datos en el Registro Electoral, lo cual constituyó una violación a los derechos políticos de los venezolanos dentro y fuera del país. “Abrir el registro solo por 20 días fue una jugada. Las posibilidades de participación fueron casi nulas”, dijo Subero.
Desde que la ANC ordenó la renovación de los partidos hasta el cierre de campaña, Maduro ha violado seis artículos de la legislación venezolana, entre esos la libertad que tiene el ciudadano de asociarse políticamente, la utilización de menores de edad en actos de campaña y la potestad exclusiva que tiene el CNE de convocar elecciones.
Por la silla de Miraflores
Nicolás Maduro
El presidente sucesor de Hugo Chávez aseguró que le entregó al CNE más de 30.000 propuestas orientadas a “solucionar la situación económica y social” que ha sacudido al país desde 2013. En su acto de cierre de campaña pidió el voto y la confianza a sus seguidores. Les dijo que solucionaría “a partir del 21 de mayo” los problemas que afectan a los venezolanos. Prometió “hacer una revolución económica” para garantizarle al pueblo la “prosperidad”, fortalecimiento de la educación, y también expandir el sistema de salud pública y la política habitacional.
Henri Falcón
Perteneció al PSUV el dos veces gobernador del estado Lara; basó su propuesta de gobierno en la reactivación económica a través de la dolarización. Prometió la reestructuración del Estado, pedir préstamo para levantar la industria petrolera, eliminar el control cambiario, dolarizar el sueldo mínimo y el de los empleados públicos y profesores. Otra de sus promesas es dar la “tarjeta solidaria” a niños y ancianos (en moneda extranjera). También prevé alianzas con el Fondo Monetario Internacional, revisar los casos de expropiaciones y renovar la concesión a RCTV.
Javier Bertucci
El pastor evangélico, que lidera la Iglesia Cristiana Maranatha y el programa “El Evangelio Cambia”, aseguró que utilizará los valores cristianos para gobernar. En su plan de gobierno “Los 12 de Bertucci” priorizó la reactivación del aparato productivo y la apertura del canal humanitario que, a su juicio, beneficiaría a 14 millones de venezolanos. También prometió devolver la autonomía a los cinco poderes públicos y restituir las relaciones bilaterales de Venezuela en el mundo. Aseguró que facilitará créditos a las empresas y eliminará el control de cambio.
La comunidad internacional en contra
*En marzo, Naciones Unidas advirtió que Venezuela no reunía las condiciones mínimas para celebrar elecciones y a finales de mes reiteró su negativa de enviar misión de observadores.
*En la Cumbre de las Américas, celebrada los días 13 y 14 de abril, el Grupo de Lima aseguró que los comicios carecían de legitimidad. Bolivia y Nicaragua pidieron parar el golpismo contra Venezuela.
*El 19 de abril la Unión Europea indicó que limitar la participación de los partidos políticos es un “golpe más” a la credibilidad del proceso.
*El 23 de abril el Parlamento Europeo informó que no enviaría una misión de observación, porque no hay condiciones de transparencia.
*El 7 de mayo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió suspender las elecciones que calificó de fraude. El gobierno de Donald Trump rechazó los comicios desde el momento de su convocatoria.
*El 14 de mayo el Grupo de Lima hizo un último llamado a Venezuela para que suspendiera los comicios.
*El 18 de mayo España insistió en que Maduro está en la obligación de respetar los derechos fundamentales.
*El 19 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que las presidenciales no cumplen con garantías internacionales. Instó al gobierno a adoptar medidas para realizar un proceso genuino de elecciones, que permita el libre ejercicio del voto.