Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social del Trabajo, negó que el gobierno nacional haya intervenido de alguna manera las operaciones de General Motors en Venezuela.
Explicó que el reciente embargo de una de sus plantas en el país se debe a una querella judicial con dos concesionarias.
“Es falso. Por el contrario, en el ámbito del Consejo de Economía Productiva las ensambladoras de vehículos se les dio un tratamiento especial. El Estado venezolano reconoce la importancia de este sector y, a propósito de ello, se ha puesto a disposición de estas compañías mediante financiamiento y formas de apoyo para que reactiven y aumenten su capacidad de producción”, indicó el ministro en entrevista a Venezolana de Televisión este lunes.
El titular reiteró que el Estado no ha “expropiado, ni tiene planes de expropiar” alguna instalación de esa empresa automotriz en el país.
“La idea es proteger los puestos de trabajo, cubrir la demanda interna y que los carros puedan ser exportados. De manera que no es cierto que exista una confiscación a General Motors, lo que ocurre es un juicio entre particulares porque unos concesionarios de Maracaibo le pagaron a la ensambladora unos vehículos que nunca recibieron. Esos concesionarios son privados, no del gobierno”, concluyó.