En un sector de la mafia colombiana está seguro de que Álvaro Pulido Vargas, a quien la fiscal rebelde Luisa Ortega señaló esta semana como uno de los socios de los turbios negocios de Nicolás Maduro, es un viejo narcotraficante colombiano, condenado en Italia. La misma pista la están siguiendo agentes federales que catalogan a Pulido como uno de los proveedores de materiales para la construcción de miles de viviendas subsidiadas.
El supuesto narco es amigo del empresario barranquillero Álex Naím Saab Morán, también mencionado por la fiscal Ortega como otro socio oculto de Maduro y quien se ha enriquecido con la construcción de las casas del chavismo: registra contratos por 300 millones de dólares.
La hipótesis de Ortega es que Maduro, Pulido y Saab son los verdaderos dueños de Group Grand Limited. Se trata de una importadora que nutre de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), por precios que superan en un 200 por ciento el mercado: un saqueo al erario venezolano y en un desvío de dólares preferenciales, directo a las arcas de Maduro y sus socios.
Aunque ninguno de los tres aparece en papeles, sí está el barranquillero Javier Betancourt, ex director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ex cónsul de Colombia en Nueva York.
—El ‘tour’ judicial—
Pero ese no es el único expediente que Ortega sacó de Venezuela en su huida por Aruba, con ayuda de empresarios en el exilio, y aterrizaje en Bogotá, hace 9 días. También dice tener evidencia de los pagos de la multinacional Odebrecht a Maduro y a Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano.
Primos de Cabello ocultarían su fortuna en un entramado de empresas abiertas en España, Estados Unidos y Panamá, que el diario colombiano El Tiempo rastreó y ya identificó.
Evidencia sobre ese dosier está siendo repartida por la fiscal Ortega entre autoridades de Colombia, Brasil, España y Estados Unidos en un ‘tour’ judicial de una ex aliada del régimen que también tiene mucho que explicar sobre su conducta.
Pero su denuncia fue suficiente para que, hace 48 horas, la Casa Blanca expidiera una orden ejecutiva que prohíbe la compra de nuevos bonos expedidos por el Gobierno venezolano y por su petrolera estatal PDVSA: una estocada para la golpeada economía de ese país, que con los petrodólares sostiene al régimen y paga la deuda externa con China y Rusia.
Además de Odebrecht, la piedra angular del proceso contra Maduro –que culpó a la oposición de las sanciones– es la firma Group Grand Limited, supuestamente suya.
Registros de Hong Kong consultados también por El Tiempo señalan que la firma fue creada el 8 de marzo del 2013 y aparece importando víveres hacia Venezuela por 200 millones de dólares.
El colombiano Saab, en entrevista, negó cualquier nexo con esa firma o con Maduro y admitió ser amigo de la ex senadora Piedad Córdoba y de Carlos Gutiérrez, concuñado de Gustavo Petro.
Por su parte, Pulido, el otro colombiano vinculado, hizo saber que son falsas las versiones de que esconde un pasado mafioso, bajo la identidad de Germán Rubio, y de que Estados Unidos lo investiga.
—De nuevo Odebrecht—
Sin embargo, autoridades indagan por qué Group Grand Limited compartió sede en Caracas con el Fondo Global de Construcción, empresa a través de la cual Saab ha construido cientos de casas en el vecino país.
Además, verifican si Shadi Nain Saab Certain, allegado a Saab y al ex cónsul colombiano, es el mismo que figura en registros de la compañía en Hong Kong.
Este caso se unió a otro que tiene abierto el Departamento de Justicia: los sobornos que la multinacional Odebrecht pagó en Venezuela por 98 millones de dólares. La fiscal Ortega acaba de aportar evidencia de que las coimas fueron más abultadas: al menos 100 millones de dólares habrían terminado en manos de Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
Sumado a esto, ejecutivos de la brasileña, como Euzenando Azevedo, ya declararon que Maduro recibió varios pagos, uno de ellos de 35 millones de dólares para financiar su campaña a la presidencia en 2013. Y a Cabello le aparece otro giro, por 3 millones de dólares, para su campaña a la gobernación de Miranda en el 2008. Ese año, Cabello perdió con Henrique Capriles, quien también salió a negar la recepción de coimas a la brasilera.
Un entramado, de 8 compañías en Estados Unidos y España, parece ser la vía para llegar a los pagos a Cabello. El diario El Tiempo asegura que tiene documentos que prueban que todas están vinculadas a su primo Luis Alfredo Campos Cabello, mencionado por la fiscal Ortega.
—Las firmas de los primos—
Campos, quien fue jefe de despacho de Diosdado en la gobernación de Miranda, es directivo de la sucursal en Estados Unidos de TSE Arietis.
Tal como lo reveló este diario, esa transportadora firmó un contrato con Odebrecht para mover material para la construcción de la línea II del metro de Los Teques. La sucursal, abierta el 24 de julio, registra como domicilio el 11300 NW 84 Street, en Doral.
El primo de Cabello figura además como cabeza de Damonaz Design, abierta en Florida en el 2009; de Sapo IT Corp. y de Navitas IT Solutions Corp., las dos últimas liquidadas en el 2014.
Y en registros de España figura Depósitos y Stockage JJ SL, Bengoechea y Patrimonios SL e Inversiones, Oportunidades y Negocios S, aliada de TSE.
La respuesta de Venezuela ante las denuncias fue la censura a medios colombianos –ya sacó del aire a El Tiempo Televisión–, y la orden de salir a ejercicios militares a 900.000 milicianos y uniformados.
—Habla el ex cónsul Betancourt—
En los últimos días, buena parte de la atención se ha volcado sobre Group Grand Limited, la empresa en la cual, según la fiscal Luisa Ortega, Nicolás Maduro estaría asociado con los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido.
Luego de analizar los documentos de la empresa, que tiene sede en Hong Kong y en México, se encontró que uno de sus actuales directivos es el abogado Javier Betancourt Valle. Este barranquillero fue cónsul de Colombia en Nueva York, y en 2013 lo nombraron presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Betancourt confirmó que sí presta servicios a la firma internacional, pero dijo que “por el contrato que firmé y en virtud de mi profesión, estoy obligado a guardar reserva frente a la empresa”.