La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud que hizo el gobierno de Nicolás Maduro para que se le permitiera responder al informe de la sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, que recogió cerca de 8.900 testimonios de víctimas que apoyan la continuidad de la investigación por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La Sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso. El Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual”, señaló el tribunal.
“La Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, añadieron los jueces.
En la petición, suscrita por el canciller Yván Gil, el régimen venezolano pidió que se le otorgara un plazo hasta el 30 de mayo.
Así, las autoridades del chavismo intentaron una vez más alargar el proceso para evitar que se reanude la investigación. Pero el gobierno bolivariano, insistente, ahora condiciona la negociación en México con la suspensión del proceso en el tribunal por considerar que se trata de una “persecución judicial”.
Gobierno no está dispuesto a investigar
Las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia y Provea señalaron que las personas que contribuyeron con la CPI alegan que el gobierno de Nicolás Maduro no está dispuesto a investigar ni a juzgar los delitos que habrían cometido autoridades estatales, fuerzas de seguridad y colectivos afectos a la revolución bolivariana.
Indicaron que la CPI recibió reportes de casos de asesinatos y encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física. Además de torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos.
Las ONG indicaron que entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios, profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios de la judicatura.
También trabajadores del sector público y privado, estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo, expolicías y militares; políticos, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas.
“El informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones no contiene informaciones que identifiquen a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso. Además, el gobierno de Venezuela no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclaró Acceso a la Justicia.