El martes la asamblea nacional constituyente aprobó el proyecto de Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, lo que ha generado un intenso debate por el contenido, en el que se estipulan penas de cárcel de hasta 25 años para crímenes de odio que no han sido definidos.
Esta misma semana la libertad de expresión sufrió otra estocada: Conatel ordenó el apagado de RCN y Caracol Televisión. Luisa Torrealba, investigadora del área de comunicación política y políticas de comunicación en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV, considera que de ser aprobada esa norma, la persecución y la criminalización de la disidencia aumentarían considerablemente. “El concepto del derecho a la información implica la capacidad de elegir, buscar, recibir y difundir. El ciudadano tiene derecho de elegir lo que quiere ver y, obviamente, cuando se apaga un canal se limita la posibilidad”, asegura.
Asimismo, afirma que la opacidad en la gestión de Conatel dificulta que la ciudadanía conozca el estado del espectro radioeléctrico del país.
—¿Qué se puede esperar si se aprueba la ley contra el odio?
—Censura, criminalización de la opinión, de la libertad de conciencia. Podemos esperar persecución a la disidencia. Cualquier persona que piense distinto o que, simplemente, emita una opinión que sea contraria a los intereses del gobierno puede ser encarcelada, que es lo que han estado advirtiendo. Es muy grave porque es un mecanismo de persecución y silencio.
—¿Cómo está la libertad de expresión en el país?
–En niveles muy críticos. La libertad de expresión no implica solamente que las personas conversen, sino que no haya consecuencias negativas por hacerlo. Siguen las amenazas legales y administrativas. Conatel está tomando medidas en contra de medios nacionales e internacionales, que no están regidos por la Ley Resorte. Lo vimos con Caracol TV y RCN. Además, los procedimientos son muy opacos, no se conoce la investigación, no hay derecho a la defensa. Ni siquiera la documentación se hace pública para que los ciudadanos, que somos los usuarios, los conozcamos. Hay mucha opacidad en Conatel, un mal precedente que puede derivar en nuevos cierres.
—Sobre los medios radioeléctricos pende la amenaza de la no renovación de la concesión. Muchos están en el limbo.
—El testimonio que he tenido de los operadores es que la mayoría ha cumplido con el proceso y ha llevado los recaudos que Conatel exige. A ninguno se le ha dado respuesta. El año pasado la Alianza para la Libertad de Expresión –que es una coalición de organizaciones de la cual el Ininco forma parte– se reunió con el anterior director y él decía que son las operadoras las que deben llevar nuevamente la documentación para ellos saber cuál es el estatus. Eso es un contrasentido, es como si el Saime pidiera que lleves los documentos que prueban que eres el titular de tu cédula. Eso habla de que Conatel ha fallado en cumplir sus funciones básicas, como es el control del espectro. Conatel debe informar al país cuántas operadoras hay, cuántas tienen vencidas las licencias, a cuántas se les va a renovar. Por otro lado, si es necesaria la verificación del estatus de las emisoras ¿en qué se basan para decir que hay algunas que actúan ilegalmente? A veces pasan hasta dos años para que Conatel dé respuestas, otras veces las respuestas no llegan. Pero sí se les cobran los impuestos de telecomunicaciones.
—¿Es Nicolás Maduro más censor que Hugo Chávez?
—Creo que se ha repotenciado la censura. Se han radicalizado y multiplicado las vías para silenciar. Ahora quieren ir especialmente contra las redes, contra los canales internacionales, contra las operadoras de TV por suscripción. Fíjate el cerco que se impone en la cantidad de restricciones para las visas a periodistas extranjeros, en la violencia en contra de los reporteros, en la exposición al escarnio público. Los abusos son más reiterados. Justamente ellos, que no han hecho nada para aplicar la Ley Resorte a programas como Con el mazo dando, La hojilla y Zurda Conducta, que evidentemente violan la norma, hablan de una ley para la convivencia y la tolerancia. Pareciera que se cumple el efecto espejo.
—¿Qué es lo que más le preocupa de la ley contra el odio?
—El tema de criminalizar y encarcelar. Los instrumentos internacionales de derechos humanos dicen que los delitos de opinión (difamación, injuria y vilipendio) deben ser eliminados progresivamente de las legislaciones. Si bien existe la responsabilidad ulterior de la libertad de expresión, las consecuencias deben ser conocidas por la justicia civil y ser sancionadas con penas como multas, no con cárcel. En 2005 se reformó el Código Penal y lo que se hizo fue ratificarlos y aumentar las penas. Pero se crea además otro marco normativo. A las personas detenidas en el contexto de las protestas se les acusa de terrorismo y traición a la patria. Que se esté usando la protesta, que es una de las formas privilegiadas de ejercer la libertad de expresión, para acusar a las personas de terrorismo habla de que se va a radicalizar la persecución por pensar distinto. No solamente expresarse, sino también pensar se va a convertir en un delito.
Libertades limitadas
Al sacar canales de las parrillas de programación de las cableoperadoras se limita la libertad de elección de los suscriptores y se atenta contra su derecho como consumidores. El concepto del derecho a la información implica la capacidad de elegir, buscar, recibir y difundir, explica Luisa Torrealba.
La investigadora cita como ejemplo el servicio de Cantv satelital: “Si tú compras un paquete de 20 canales y las televisoras del gobierno –que son más de 10– deben estar en el line up, ¿qué te queda? La televisión satelital de Cantv ofrece 23 canales en su paquete básico. Hay 4 internacionales: Russia Today, el canal ruso; la televisora china; Cubavisión y Telesur. Y solamente 3 medios privados: Meridiano TV, Venevisión y Televen. Ahí se evidencia la orientación de seguir apagando voces plurales, privadas”.