“Queda aprobado por unanimidad”, sentenció el 20 de julio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre y desconocida por la comunidad internacional. Se refería entonces al Proyecto de Ley del Teatro, del que no se tiene noticias desde finales de agosto cuando se inició una “consulta popular” en la que han participado algunos sectores.
Presentado por el diputado Enrique Ramos Olivares (Carabobo/PSUV), pretende la “masificación” y “promoción” del teatro en los centros educativos. El también miembro de la Comisión de Cultura y Recreación dijo durante su turno de palabra: “Creemos que es de vital importancia que, en cada escuela, desde la frontera hasta las grandes ciudades, en los pueblos y caseríos, esté construido y se fomente lo que debe ser el teatro escolar, el teatro para la magia, el teatro para el mensaje de la rebeldía, el teatro para el amor, el teatro para seguir siendo rebelde”.
“Debemos iniciar hoy, de aprobarse este Proyecto de Ley, una gran discusión en cada rincón. Poder convocar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes a hacer y masificar lo que debe ser el teatro como herramienta para construir y vivir en una sociedad de ejemplo, una sociedad que nos habló y nos dibujó el comandante supremo Hugo Chavez Frías, una sociedad que vemos en cada intervención del presidente Nicolás Maduro”, añadió. Recibió el visto bueno, además, de la “coalición opositora”, la Alianza Democrática, con palabras de Luis Ybarra.
Un proyecto que “no solo va a reivindicar a todo el movimiento teatral venezolano”, agregó la diputada Grecia Colmenares (Táchira/PSUV), al invitar a aprobar la iniciativa que daría “un espaldarazo a todo el movimiento teatral venezolano”.
Pero el gremio teatral venezolano no tenía conocimiento de la iniciativa y muchos de ellos se enteraron a través de redes sociales y reenvíos que se hicieron entre sí luego de que fuera aprobada.
“La redacción de esa primera Ley de Teatro es totalmente desconocida. No fuimos convocados ni consultados. Todos –que incluye el sector que está del lado del oficialismo, como las instituciones privadas– nos sorprendimos porque no sabíamos que se estaba haciendo ese proceso. Es lo que llamamos un madrugonazo porque realmente nadie estaba consciente de qué se estaba haciendo y de quién redactó esos 16 artículos aprobados en primera discusión”, señaló Luis Alberto Rosas, presidente de la Asociación Venezolana de Crítica Teatral (Avencrit).
Poco después de su aprobación, el 4 de agosto de 2021, un grupo de personas vinculadas al sector teatral se reunieron en la sede de la Compañía Nacional de Teatro, en el teatro Alberto Paz y Mateos, y suscribieron un acuerdo que establecía “por unanimidad, la inconformidad con el proyecto aprobado en primera discusión, porque no recoge la visión ampliada e inclusiva de la comunidad nacional”. También solicitaron a la comisión legisladora incorporar sus propuestas y que se amplíe la comisión redactora con representantes del sector teatral.
En esa primera reunión, afirmó Rosas, solo asistieron “unos pocos representantes de algunas instituciones; la convocatoria se hizo muy rápido, porque urgía hacerlo. Teníamos que entender qué estaba pasando y lo que estaba detrás de la aprobación. Lo más importante es que por primera vez nos reunimos en una sola voz para rechazar ese proyecto de ley, porque no nos representa como sector y además no fuimos consultados. Esto es muy importante porque considero que es una unión, además sé que lo están haciendo en otros estados como Zulia, Aragua, Portuguesa, donde comenzaron a hacer sus reuniones apenas salió la noticia”.
Morella Alvarado, directora del ININCO-UCV, también vinculada con el sector teatral como actriz en la década de los años 80 y quien actualmente trabaja con las agrupaciones Teatro Abierto y Teatro La Comarca, participó en esa reunión. Para ella, la discusión la resume en seis puntos: “Primero, la improvisación. Aunque había una agenda establecida, la discusión pasó de una convocatoria sobre un anteproyecto de ley al rechazo de una ley aprobada en primera discusión. Segundo, la desinformación sobre los procedimientos para la aprobación de leyes, las formas de discusión y consulta, así como los implicados en los pasos que se habían dado previamente. Tercero, la opacidad sobre la cantidad de propuestas de ley vinculadas al teatro y a las artes escénicas”, dijo al ser consultada por correo electrónico.
“Cuarto, el interés por compartir voluntades para el trabajo en conjunto que permita la organización del gremio, por sectores o por áreas, por lo que la organización para la acción es lo más valioso de esa discusión. Quinto, la necesidad de involucrar a quienes se encuentran en las diversas regiones del país. Sexto, la diversidad de posturas, fuerzas e intereses que existen en torno al teatro en nuestro país”, añadió.
De 16 a 32 artículos y desinformación
Un primer borrador de 16 artículos en tres capítulos, denominado Proyecto de Ley de Teatro, fue el primero que se difundió entre el gremio. Señala como objeto “reconocer, promover y proteger al teatro como libre expresión cultural” y entre sus fines destaca la difusión de “los valores constitutivos de la venezolanidad, especialmente de las culturas populares, indígenas y afrodescendientes”. Indica, además, que el Estado “tiene la obligación irrenunciable e indelegable de adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar el disfrute y ejercicio pleno y efectivo de este derecho”.
Promueve la creación de una “red de teatros públicos a nivel nacional” con “especial preferencia en la difusión de obras teatrales de cultura popular constitutivas de la venezolanidad”. Asimismo, señala que el Ministerio de Educación “desarrollará dentro de los programas de estudios del subsistema de educación básica la cátedra escolar de teatro y artes escénicas” y “se debe crear un grupo de teatro de niños, niñas y adolescentes”. Este es uno de los puntos llamativos de esta iniciativa, pues “desde los años 40 la actividad teatral estaba incluida en las escuelas, especialmente, en los centros públicos, como política y estrategia gubernamental, así como el cine, la radio, y la TV educativa”, detalla la investigadora de la UCV, Morella Alvarado.
Crea también una función semanal con descuento para la “población infantil, adolescente y adulto mayor”, un Festival Nacional del Teatro a cargo del Ministerio de Cultura y el premio a las artes escénicas con menciones en “teatro, danza, ópera, circo, títeres o narración oral, autores de obras de teatro, coreografías, libretos, guiones o relatos, ya sea originales o adaptados”.
Sobre este primer borrador, indicó el profesor Carlos Guzmán, coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la UCV: “Muy lamentable. Un proyecto básico, elemental, sin proposición de políticas públicas, sin claridad del sujeto de la ley; bastaría con leer el artículo 6 [“De la actividad teatral”] para ser aplazados en un examen de legislación cultural. Si el sector de las artes escénicas del país está conforme con esta definición de su ocupación cultural no tiene sentido esta entrevista”.
Luego, el 13 de agosto, al iniciar la “consulta pública” de la ley, se publicó en la página de la Asamblea Nacional un borrador de 32 artículos, en el que se mantiene el programa de teatro en colegios para niños, niñas y adolescentes y se incorpora “el teatro en tiempos de crisis”, que señala que el Estado garantizará “el disfrute de las obras de teatro como derecho ciudadano y servicio cultural, incluso en situaciones especiales o sobrevenidas”, como “medidas coercitivas ilegales impuestas por alguna potencia extrajera o por efecto de enfermedades que obliguen al confinamiento de la población”.
Crea la “Red de salas independientes”, el “Instituto de las Artes Escénicas Teatrales” como órgano rector en materia de diseño, desarrollo y fomento de las políticas públicas en esta materia, que serán establecidas en el “Plan Nacional de las Artes Escénicas Teatrales”. También señala que el Estado “desarrollará planes y programas” para financiar proyectos teatrales y festivales y que, además, “adelantará políticas para el impulso y desarrollo de proyectos de infraestructura”.
Sin embargo, se constató durante la investigación para este trabajo que no todas las personas del gremio manejaban los mismos textos. Algunas hicieron referencia a la Ley de las Artes Escénicas Teatrales, que contiene 62 artículos y es una propuesta de 2019.
Reacciones y recomendaciones
“Hay varias cosas preocupantes. Uno de los artículos [art. 9 sobre el interés público de las pequeñas empresas] que señala pequeñas industrias teatrales que son las que trabajan para los teatros, compañías de iluminación, escenografía, se transformarán en empresas públicas, eso ya es una aberración. También hablan de un Instituto de Artes Escénicas que va a controlar toda manifestación teatral que se haga en el territorio nacional, eso es impensable. Se va a crear un elefante blanco que ya existe, que es el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales de 2005. Hacer otro instituto hace el proceso más engorroso y burocrático”, señaló el presidente de Avencrit, Luis Alberto Rosas.
Agregó: “No hay ningún artículo que hable sobre la protección social del artista teatral. No existe. Para nadie es un secreto que nuestros artistas teatrales están totalmente desamparados sin seguridad social, una pensión, seguridad en salud. Hay además una insistencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en las escuelas, y eso ya está creado a través del Proyecto Teatral Cesar Rengifo, que no ha dado los frutos que tiene que dar”.
Coincide el director de teatro y actor José Tomás Angola: “[Hay] una reducción completa del mundo del teatro a simplemente el mundo del teatro infantil, que es relevante, pero que no necesariamente es todo el conglomerado del teatro venezolano. Al haberlo hecho así se notaba que había unos intereses particulares en darle una dimensión con muchísimo peso al teatro de niños, niñas y jóvenes por sobre las otras expresiones. Uno leía que había un interés por cambiar los balances del poder dentro de las instituciones del Estado que estaban dedicados al teatro”.
Angola calificó el último borrador, el de 32 artículos, como “apresurado». “Intentaron meter cosas de proyectos antiguos, para darle un poco más de equilibrio, pero termina siendo un pequeño Frankenstein, porque no termina de tomar en realidad el verdadero peso del teatro: el tema de las infraestructuras, las programaciones, el financiamiento, el subsidio, la responsabilidad social que tiene el Estado con respecto a los trabajadores del teatro, la protección social del gremio…”
En un documento dirigido a la Comisión de Cultura y Recreación, fechado el 11 de agosto, el sector teatral fijó su posición de rechazo por la opacidad en la que se ha desarrollado la discusión y afirman que “tal como está, es proclive a convertirse en un instrumento para la censura que limite la actividad teatral en todas sus dimensiones y aspectos”. Dejan además 12 recomendaciones a considerar.
Carlos Guzmán, desde el punto de vista académico, señaló que el diseño de un cuerpo normativo para proteger e impulsar las expresiones culturales, en este caso, la actividad teatral, no es criticable en sí mismo, sino el enfoque: “Estamos en presencia de dos proyectos de ley en donde la legitimidad de sus políticas culturales se enmarca en el enfoque ideológico ‘que cuida de todos y que habla en nombre de todos’. Los textos de ley están fundamentados en un modelo normativo de dirigismo cultural, donde las políticas culturales teatrales se definirán desde la institución oficial y el poder político que determinan y definen la acción cultural que se ha de llevar a cabo desde el Estado. Si queremos ser más exhaustivos como investigadores académicos, son proyectos de ley que vienen a reafirmar el estatismo populista”.
Continuó: “Las prioridades de políticas culturales y legislativas del momento son otras, donde ni la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la AN-6D como tampoco el Ministerio de Poder Popular para la Cultura (MPPC) ha tomado medidas de excepción contra la crisis (…) De lo que deberíamos estar preocupados es de implementar medidas destinadas a facilitar la actividad teatral, para garantizar la continuidad en el ejercicio de su trabajo creativo, protegiendo sus ingresos, manteniendo sus empleos y garantizándoles una protección social. Pero, aparentemente, eso es mucho vuelo intelectual que no se ve reflejado en estos proyectos de ley. Y como correlato de esta iniciativa, si de verdad son socialistas, implementar medidas para compensar las pérdidas de ingresos por interrupción de las actividades”.
Una ley ¿necesaria?
No hay un punto de vista unitario. Rosas afirmó que “hay que regir lo que es el arte teatral”, pero aclara “no vinculado al control, sino garantizar el libre ejercicio del artista y su obra. Eso tiene que existir. Queremos seguridad social, el amparo a los proyectos que hagamos a través de subsidios, la construcción de salas y mantenimiento de las que ya existen. En 20 años no se ha construido un nuevo teatro en Caracas”.
José Tomás Angola refierió que “el Estado venezolano es dueño y controla las infraestructuras, es dueño de los espacios educativos, en todas las disciplinas, no solo en el teatro, es dueño de programas y subvenciones. Si hay tanta presencia del Estado debería haber una ley que tuviera la capacidad de englobar y proteger”. En el caso de una ley para el sector teatral comenta que “debería haber una explicación de cuál es el concepto de la infraestructura teatral, cómo se mantiene, cuáles son los proyectos, si hay o no crecimiento en la infraestructura teatral. En la parte educacional cómo se dimensiona, cómo es ese entramado educacional pensado para el teatro. Eso tendría que ser un objetivo y sobre eso se trabaja. No hay una ley de capricho para tratar de reorientar los pesos políticos para que ciertos grupos tengan más control que otros, que es algo que parece evidente en esta propuesta”.
El crítico teatral Leonardo Azparren puntualizó que, a su juicio, no es necesaria. “Estoy convencido de que el desarrollo del teatro venezolano no necesita de leyes, sino de políticas coherentes sostenidas en el tiempo y para realizar esas políticas lo que hace falta es que haya funcionarios con pleno conocimiento del teatro como arte, que diseñen esas políticas. Hay muchos ejemplos para ilustrar esto. No fue necesaria una ley para hacer una Compañía Nacional de Teatro, sino un decreto del presidente. No fue necesaria una ley para crear las compañías regionales de teatro, sino una decisión de la Dirección de Artes Escénicas del Consejo Nacional de la Cultura. En el caso de la educación teatral, cuando se creó la Escuela Cesar Rengifo, cuando se creó la Universidad de las Artes no fueron necesarias ningunas leyes para ello. La ley es un adorno muy venezolano con el que se cree que se resuelven los problemas”.
Coincide también el investigador Carlos Guzmán: “No es prioritario en las actuales circunstancias provocadas por la crisis del covid-19 plantearse un texto dirigido exclusivamente al sector del teatro. Lo que debería plantearse un parlamento serio, responsable y con conocimiento del sector cultural, particularmente la denominada Comisión Permanente de Cultura y Recreación de esta Asamblea Nacional, es adoptar medidas con miras a que los sectores culturales y creativos del país puedan superar la crisis del covid-19, porque de no ser así, como en la práctica está sucediendo, muchos artistas, trabajadores culturales y creadores no podrán ejercer sus oficios y eslabones enteros de la cadena de valor (…) En todas partes del mundo, el sector cultural está luchando por su supervivencia”.
Continuó Morella Alvarado: “La ley aprobada no es necesaria, pero sí es que existan instrumentos legales que garanticen que las diversas expresiones y manifestaciones creativas, cuenten con el impulso necesario para su permanencia, y no para la ‘supervivencia”. También hay otros elementos que deben tomarse en cuenta: “Al elaborar una ley en el ámbito que nos compete. Hay que identificar cuál es la noción de cultura que se maneja y cuál es la relación con el poder que se propone. Aquí, donde los ciudadanos debemos vigilar y supervisar cada paso que se da en la elaboración de la ley y exigir la participación consensuada. Es una tarea titánica, por supuesto, pero no imposible. En resumen, como lo afirma el profesor Leonardo Azparren, antes que una ley, necesitamos una política cultural coherente, evaluable, transparente, inclusiva y perdurable en el tiempo y para ello se precisa de una gestión basada en la calidad, más que en la cantidad y en el populismo”.