Isabel Pantoja hermanos Rivera

Los hermanos Rivera, Francisco y Cayetano, continúan su lucha por recuperar las pertenencias de su padre, Paquirri, que presuntamente Isabel Pantoja les escondió por 30 años. Sin embargo, la tonadillera no da su brazo a torcer.

Recientemente, su hijo Kiko Rivera hizo una denuncia pública: aseguró que había visto los objetos del torero, lo que generó un cruce de requerimientos notariales y respuestas entre los hijos y la que fuera su esposa que parecen no tener fin.

En este sentido, la última respuesta de Pantoja al nuevo requerimiento notarial presentado por Francisco y Cayetano para recibir los bienes de su padre podría parecer que se trata de una broma, pero no lo es.

La tonadillera recibió este semana a la notaria María Concepción Medina Achirica en la finca Cantora, donde Kiko dijo que vio los objetos de Paquirri, y no negó la existencia del documento que anteriormente aseguraba no recordar haber firmado y tampoco niega que su firma aparezca en él; sin embargo, alega «que la fotocopia es de escasa calidad» y de nuevo se remite a la escritura del cuaderno particional, reseñó la revista ¡Hola!

Luego de conocer la respuesta de Isabel Pantoja, el abogado de los Rivera, Joaquín Moeckel Gil dijo: «Se nota que o no tiene los documentos o los está recopilando porque no dice nada en absoluto en relación al fondo de la cuestión».

Para el abogado de los hermanos Rivera la tonadillera se contradice. «En primer lugar, no niega que tenga los bienes; el segundo lugar, no niega la existencia del documento, y en tercer lugar, se contradice fundamentalmente con lo que firmó el 24 de septiembre de 1987. En ese documento, en el que está su firma, dice claramente que en caso de divergencia este escrito primará sobre la escritura del cuaderno particional», indicó.

El pasado 24 de noviembre se supo que Francisco y Cayetano Rivera tomarían acciones legales y, a través de su abogado y de una notaría, reclamarían por primera vez los objetos de Paquirri que ya le pidieron tres décadas atrás. Moeckel Gil defendía entonces que si se demostraba que los bienes estaban «y la ejecución no se cumple por las buenas con una entrega voluntaria estaríamos ante dos cosas, una ejecución forzosa, que sería ir a por los bienes a la finca, y un posible delito, si es que es así, de obstrucción a la justicia que sería desobediencia».


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