Durante 2016 José Gregorio Correa fue integrante de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Desde allí impulsó con otros diputados la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el año pasado.
En las recientes semanas se han sumado más medios de comunicación cerrados por parte del Estado. La semana pasada salieron de la señal abierta 92.9 Tu FM y La Nueva Mágica 99.1, lo que llevó a 49 el número de emisoras y canales locales de televisión sacados del aire durante este año. Ese registro no cuenta a los canales internacionales que no se pueden ver en la televisión paga por orden de Conatel.
Además la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión indica que hay aproximadamente 300 emisoras afiliadas al organismo que esperan la renovación de su concesión.
“Quisimos modernizar el reglamento de telecomunicaciones en momentos en los que hay un gobierno que no entiende que haya opiniones diferentes, que busca criminalizar el disenso, que en el espectro radioeléctrico cabe la diversidad, que se vieran reflejados los que piensan distinto en los medios, donde además a sus trabajadores se les debe garantizar la seguridad jurídica que les corresponde”, asegura el diputado suplente a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes.
—¿Cuáles son los puntos más importantes de la reforma?
—Tenía como principal novedad el concepto del silencio administrativo, que opera a favor del administrado y no de la administración, que en este caso es el Estado. Este último siempre se ha refugiado en la facultad del silencio, en eso de no dar respuesta oportuna y adecuada cuando se trata el tema de la renovación de la concesión. Nos basamos entonces en el artículo 51 de la Constitución, que determina que toda persona tiene el derecho de realizar peticiones a cualquier autoridad o funcionario, de los que debe recibir oportuna respuesta, por lo que si te fijas, ya debería estar garantizado ahí. No es una novedad.
—¿Específicamente cómo operaría lo que plantea en la resolución del problema?
—El punto de vista legal lo adecuamos a lo constitucional, principio que indica la pirámide de Kelsen. Cuando se ajusta, haces que el silencio administrativo opere a favor del administrado. Se evita que el todopoderoso Estado siempre tenga la razón y el débil saliera perjudicado. Con la reforma se le quitaba el poder al Estado. Actualmente cuando acuden a él, a través de Conatel, para renovar una concesión o extenderla, este guarda silencio. Al hacerse una solicitud para una concesión, si no había respuesta, se daba entonces por aprobada. Ahora, como se obstaculizó esta normativa, sigue habiendo una gran cantidad de emisoras y canales con la espada de Damocles que otorga este limbo.
—El año pasado, cuando se supo de este proyecto de reforma, personas como William Castillo, entonces director de Conatel, los acusó de privatizar el espectro radioeléctrico
—¡Eso no es verdad! Más bien lo que ha habido es una estatización de los medios. ¿Qué es el canal 8 o emisoras estatales como YVKE Mundial? ¿Dónde encontramos un mensaje diferente al que pregona el gobierno? Cada vez el prisma es menor y te obligan paulatinamente a recibir por estas vías un mismo mensaje que favorece a un modelo económico fracasado.
—¿Alguna vez Castillo compareció a la Asamblea Nacional?
—Nunca fue. Le enviamos infinidad de convocatorias. Lo que nos faltó fue invitarlo en carroza.
—¿Qué otro objetivo hubo al impulsar la reforma?
—Somos de memoria frágil. Hay aproximadamente 1.500 emisoras que operan de forma ilegal y Conatel se hace la vista gorda, a pesar de que no pagan impuestos. Recordemos que son medios al servicio del Estado las mal llamadas emisoras comunitarias. Ahora, con la reforma, el Estado hubiera tenido mayores ingresos con retribuciones económicas a través de tributos. Se habrían implementado mecanismos tributarios más dinámicos y armónicos y no los de un mecanismo que pretende que emisoras, canales, periódicos, hoteles, empresas productoras, entre otras, estén bajo la tutela del Estado, que queda atrofiado por tantas ocupaciones. Esa era la modalidad del presidente fallecido Hugo Chávez.
—En su momento, al comienzo de la década pasada, la Ley de Telecomunicaciones fue bastante celebrada por distintos sectores.
—Todo eso formó parte del entusiasmo que había alrededor de Chávez, todo ese populismo y euforia que hubo por su gobierno
—¿En qué situación se encuentra en este momento la iniciativa?
—Se aprobó, pero el Tribunal Supremo de Justicia le decretó la nulidad con el invento ese del desacato, una figura jurídica que no existe en Venezuela.
Profesor de Derecho Administrativo
Jose Gregorio Correa, diputado suplente por el estado Cojedes por la Mesa de la Unidad Democrática. Integró en 2016 la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. Es abogado, egresado de la Universidad Santa María, donde también es profesor universitario. Tiene una especialización en Derecho Administrativo, Derecho Económico y Técnica Legislativa. Fue parte del Senado y de la Cámara de Diputados en el antiguo Congreso de la República de Venezuela.
Milita en el partido Primero Justicia y actualmente integra la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa del Parlamento del Mercosur (Parlasur).