Luego de que el Tribunal 26 de Control del Área Metropolitana de Caracas restituyera los derechos de comercialización de obras de arte a Odalys Sánchez de Saravo, directora del Grupo Odalys, quien fue detenida en julio durante una subasta tras ser acusada de cometer una presunta estafa, la galerista informó que retomará sus actividades luego de una “interrupción momentánea”, como indicó en un comunicado.
Tras las declaraciones de la galerista, la abogada Mariana León Marmol, defensora de los artistas y coleccionistas que interpusieron una querella contra la compañía por presunta apropiación indebida calificada continuada y asociación para delinquir, ve con preocupación el comunicado emitido por Odalys Sánchez de Saravo, puesto que considera que está mintiendo.
“No es cierto que hubo una breve pausa, lo que hubo fue una suspensión de las subastas como una medida cautelar que corresponden a un proceso penal en su contra. No es una demanda, es decir, no es una cuestión contractual, se trata de una procedimiento penal”, explicó la abogada en un video en Instagram.
Aunque la galerista no tiene impedimento legal para continuar con sus actividades, las investigaciones del caso continúan, por lo que León Marmol considera que Sánchez de Saravo no debería hablar sobre el caso. “Estamos en fase de investigación, es decir, todo lo que allí se discute es sumario. No debería la ciudadana hablar de lo que puede o no puede hacer todavía. Sería apropiado que consulte con sus abogados lo que está pasando”, agregó la abogada.
En julio, se supo que Fernando Irazábal, Abigaíl Varela, Humberto Cazorla, Walter Verlezza y Gustavo Silva habían interpuesto una querella contra la empresa por presunta apropiación indebida calificada continuada y asociación para delinquir, luego de que la galerista recibió sus obras sin ellos obtener ningún beneficio.
La galerista calificó el procedimiento judicial como un ataque personal. “Estos señores, actuando asociados con otras personas que demuestran que tienen intereses inconfesables, que buscan ocupar mi lugar en el ámbito del arte, utilizaron la jurisdicción penal con la finalidad de acabar con 31 años de trabajo ininterrumpido, en favor del arte y los artistas venezolanos e internacionales. Este montaje fue hecho con el propósito de perjudicar mi honor y reputación, pero que en el fondo es un daño magistral al sector, un intento de alterar el orden natural del mercado del arte persiguiendo sus propios y oscuros intereses”, indicó en el comunicado.
Aunque las investigaciones del caso continúan, no hay impedimento legal para que la galerista continúe con sus actividades en las galerías Odalys en Caracas y Madrid. De hecho, el próximo 8 de octubre la casa de subasta realizará su puja número 308 en los espacios alquilados en el Centro Comercial Líder.