A José Mendoza, ingeniero, se le presentó la oportunidad de un mejor trabajo en Caracas hace siete años. Su plan era mudar a su familia desde Maracaibo a los pocos meses de estadía en la capital, porque tenía la expectativa de comprar una vivienda propia. “Ha pasado el tiempo y no he podido ni siquiera alquilar un apartamento por los altos precios de los alquileres y vivo en una habitación”, contó.
Esta situación es la que afrontan muchos profesionales y familias que viven en la zona metropolitana de Caracas y que ven cada vez más lejos la posibilidad de alquilar una vivienda debido a que los precios suben constantemente impulsados por la inflación.
Mendoza devenga 250.000 bolívares mensuales, un poco más de 2 salarios mínimos, pero ese ingreso no lo puede destinar todo al pago de un alquiler. También debe atender otras obligaciones familiares como la educación de los hijos y el préstamo hipotecario de su vivienda principal en Maracaibo que ha intentado vender, pero “ni con eso alcanza para comprar un apartamento en Caracas”.
Por la habitación de una casa ubicada en la urbanización La California, paga 65.000 bolívares al mes, cuando en enero destinaba 25.000 bolívares de su presupuesto, lo que significa un incremento de 160%.
Un recorrido por los avisos de prensa y páginas web especializadas muestra que el precio más barato de un apartamento ubicado en Sabana Grande es 1,5 millones de bolívares al mes, equivalente a 15,3 salarios mínimos de 97.531 bolívares mensuales. En el este de la región capital los alquileres se encuentran entre 2,2 millones y 15 millones de bolívares mensuales equivalentes a 22,5 y 153,7 salarios mínimos.
En la revisión de la oferta de alquileres llama la atención el precio de un apartamento localizado en una exclusiva urbanización del este: 56 millones de bolívares por mes. El promotor, que solicitó no mencionar su nombre, explica que el propietario aspira a que el inquilino sea un diplomático o un empleado de una transnacional que puede pagar en dólares.
Sueños frustrados. Jesús Martínez, tiene 24 años de edad, estudia Informática y está por graduarse. Su intención es independizarse junto con su novia, por lo que pensó en arrendar un apartamento o el anexo de una casa con su ingreso mensual y el de ella de un poco más de un sueldo mínimo.
“Después de dar muchas vueltas terminamos alquilando una habitación en la avenida Fuerzas Armadas a 75.000 bolívares mensuales porque en Chacaíto y Los Caobos no bajaban de 100.000”, dijo.
Gerardo Gutiérrez, de 26 años, es abogado y profesor universitario con posgrado en Argentina, habla 2 idiomas y trabaja en un escritorio jurídico. “Mi ingreso no me alcanza para alquilar un apartamento; sin embargo, tomé la decisión de buscar un sitio donde vivir independiente de la familia”.
Comenzó a averiguar en los portales web, prensa y contactó a distintos corredores. La mayoría de las viviendas que ubicó estaba tasada en dólares, en el este y en el oeste. “Pero mis ingresos no son en divisas”, dice. “Además de que el dólar sube constantemente, me pedían 2 meses de adelanto más una fianza. Recorrí anexos y apartamentos. Entre Bello Monte, Terrazas del Ávila y La Urbina pedían 300 dólares mensuales, en El Rosal a partir de 400 dólares”.
En su búsqueda, Gutiérrez solo consiguió 2 apartamentos en bolívares, uno de ellos en Lomas de La Lagunita a 400.000 bolívares por mes y uno tipo estudio en El Rosal a 400.000 bolívares al mes. “Aunque debo hacerle arreglos lo tomé por lo céntrico y me mudaré pronto”.
Al ritmo de la inflación. Roberto León Parilli, presidente de Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, explicó que “en Venezuela el mercado inmobiliario se mueve con la inflación, ante la que los propietarios tratan de protegerse. Por eso, las condiciones de alquilar han variado mucho, empezando porque los contratos de arrendamiento son a seis meses de duración”.
El representante de Anauco destacó que acceder a una vivienda digna, así sea alquilada, es un derecho establecido enla Constitución, pero para el venezolano esa opción es cada vez más reducida como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del salario y la inflación.
Recordó que hasta la década de los noventa un profesional o una familia de clase media alquilaba primero una vivienda con miras a comprar en dos o tres años un techo propio. “Hoy eso es muy difícil porque el monto que los bancos prestan por los créditos hipotecarios está muy por debajo del precio del inmueble, además de que para las entidades financieras no es rentable prestar a un interés máximo de 20% con una inflación de 700%”.
Sobre la realidad de que algunos propietarios cobran los alquileres de las viviendas (casa o apartamento) calculados en dólares, León indicó que ese proceder resulta lógico en una economía con recesión y altas tasas inflacionarias.
Según fuentes de la industria de la construcción, en Venezuela hay un déficit de 3 millones de viviendas, especialmente para la clase media. Sin embargo, el sector privado no puede asumir esos proyectos por la escasez y elevados precios de los materiales, como el cemento y la cabilla, además de las limitaciones de los bancos en dar crédito para la construcción.
Preferible vacíos
La rígida legislación de alquileres e inquilinato lleva a muchos propietarios a mantener sus viviendas desocupadas. “Prefiero tener el apartamento vacío. Ya pasé por el disgusto de un inquilino maula. Para sacarlo tuve que darle plata, además de que dejó el apartamento hecho un desastre”, contó una arrendadora que solicitó no mencionar su nombre.
Otro afectado narró que pidió la desocupación del inmueble para su hijo recién casado. “El inquilino quería quedarse con el apartamento y luego de 5 años de lucha en los tribunales conseguí la desocupación. Mi hijo se fue del país y decidí no alquilar más nunca y vender no es una opción por ahora”.
Esto explica que pese a que en los edificios haya apartamentos sin habitar, ante la pregunta de los interesados sobre si hay inmuebles para alquilar la respuesta es no.
Roberto León Parilli, presidente de Anauco, explicó que para que un propietario logre la desocupación del inquilino involucra un largo camino con procedimientos administrativos muy burocráticos, antes de que el juez dicte la sentencia. “Ante esta situación la gente no alquila y mantiene la vivienda desocupada”, dijo.
“Después de dar muchas vueltas terminamos alquilando una habitación en la avenida Fuerzas Armadas a 75.000 bolívares mensuales”
Jesús Martínez, estudiante de Informática