Organizaciones sindicales independientes solicitaron a la Organización Internacional del Trabajo medidas de protección para 30 trabajadores y dirigentes sindicales de las empresas básicas de Guayana amenazados con la cárcel por promover y participar en protestas laborales, informó Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores.

“La persecución busca amedrentar a los trabajadores para que desistan de luchar por sus derechos, violados por el gobierno de Nicolás Maduro”, aseveró, y alertó que en las últimas semanas dirigentes sindicales han sido blanco de amenazas del Ejecutivo: “Esto no detendrá el reclamo y la movilización de los trabajadores por el respeto de la contratación colectiva y la libertad sindical consagradas en los convenios 98 y 87 de la OIT”.

El conflicto fue iniciado por los trabajadores de la salud en junio pasado, al que se fueron sumando los sectores petrolero, eléctrico, educación y la cancillería, al igual que de otros organismos del Estado.

En septiembre las protestas se profundizaron a razón de 20 diarias en todo el país como respuesta a la decisión unilateral del gobierno de aplanar los tabuladores salariales y eliminar o rebajar primas y bonos en el sector público, lo que irrespeta los contratos colectivos.

El 29 de noviembre detuvieron al secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, y siete sindicalistas de esa empresa básica de Guayana luego de participar en una manifestación en Caracas. Semanas después apresaron a cuatro empleados de Venalum.

La Plataforma de Conflictos, integrada por la Unete y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, entre otras, reaccionó con una carta dirigida al director de la OIT, Guy Ryder, en la que exigen la libertad plena e inmediata de González y los otros sindicalistas.

En un comunicado a los trabajadores petroleros, Juan Luna y José Bodas, de la asociación sindical Corriente Clasista Unitaria, Revolucionaria y Autónoma, señalan que 2019 será un año de más luchas, movilizaciones y protestas obreras y populares “contra el paquetazo de hambre del gobierno de Maduro”.

Instan a que la movilización se realice con el mismo propósito de 2018 para lograr que el salario de los venezolanos sea igual al costo de la canasta básica familiar, como lo establece el artículo 91 de la Constitución, e indexado mensualmente de acuerdo con la tasa de la inflación.

Los dirigentes de Ccura también llaman a defender las convenciones colectivas y el rescate de la industria petrolera y sus empresas mixtas, además de la recuperación de las compañías básicas de Guayana. Destacan que los trabajadores y toda la sociedad venezolana aumentarán sus reclamos en defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, los alimentos, mejoras en la calidad de los servicios públicos y el establecimiento de un canal humanitario para las medicinas.

Expresan su solidaridad con Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera injustamente preso desde hace siete años; Rubén González y los empleados de Venalum y Ferrominera que “pasaron estas navidades en la cárcel solo por luchar por sus derechos. Un propósito del nuevo año es continuar la pelea por su liberación plena”.

“La persecución busca amedrentar a los trabajadores para que desistan de luchar por sus derechos, violados por el gobierno de Nicolás Maduro”

Marcela Máspero,

Dirigente de Unete

La Cifra

20 protestas diarias por los derechos laborales realizaron los trabajadores y sindicatos en el país entre septiembre y diciembre de 2018

 


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