El gobierno de Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea Nacional, el pasado miércoles 12 de diciembre, la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento para el año 2024. Ambos instrumentos han recibido críticas por parte de varios economistas que cuestionan sus fundamentos económicos y sociales.
El economista, profesor e investigador universitario Rodrigo Cabezas, quien fue ministro de Finanzas en 2007, advierte entrevista con El Nacional que la ley de presupuesto tiene evidente inconsistencia macroeconómica, incumple la Constitución al violar la asignación del situado a gobernaciones y alcaldías, depende de la renta petrolera y le acompaña un alto grado de opacidad.
—¿Las leyes presentadas cumplen el estándar previsto desde lo macroeconómico o de política económica?
—La manera como presentaron y aprobaron la Ley de Presupuesto es un despropósito, ya que han debido hacerlo el 15 de octubre pasado, permitiendo dos discusiones públicas en la plenaria de la Asamblea Nacional y dos en su Comisión de Finanzas, interpelando a los ministros de Finanzas y Petróleo, al presidente de Pdvsa y al superintendente del Seniat. Nada de eso se hizo. Lo aprobaron sin discusión pública alguna.
Por otra parte, el presupuesto de la nación es uno de los principales, si no el más importante, instrumentos de la política económica. Debe reflejar de manera sistémica los principales arreglos fiscales, monetarios, cambiarios, financieros, productivos y de comercio.
Ocurre que los indicadores macroeconómicos claves son desconocidos. La tasa del crecimiento del producto, el comportamiento esperado de los precios de bienes y servicios, la tasa de desempleo, el volumen de las exportaciones petroleras, el precio estimado del barril de petróleo, el precio del tipo de cambio, el nivel adecuado de reservas internacionales y la tasa de interés bancaria son hoy un secreto bien guardado.
—¿De dónde salen la estimación de ingreso y gasto presentados?
—Se supone, por ejemplo, que el ingreso petrolero anunciado se corresponde con un precio del barril y un determinado volumen de exportaciones. Eso no lo han informado. La Ley de Presupuesto tiene inconsistencia macroeconómica evidente, la necesaria coherencia macro está cuestionada.
—Llama la atención que se oculte la estimación de la inflación para el próximo año. Este tema es de los que más preocupa a la sociedad.
—Correcto. Es una variable clave para el desenvolvimiento económico. Lamentablemente cualquier optimista previsión la coloca en torno a 200% para 2024. Esto es así por lo que viene haciendo este gobierno y que continuará aún más en un año electoral.
—¿Qué es lo que viene haciendo que provoca inflación?
—Recurriendo a una emisión de dinero de la nada en el Banco Central de Venezuela, siendo este el principal determinante, junto a la escasez de divisas, de la devaluación de moneda, 103% a la fecha. El crecimiento de los agregados monetarios es irresponsable, la liquidez en 2021, 2022 y 2023 hasta el 1 de diciembre se ha incrementado 619%, 373% y 231%, respectivamente. Por ello, ocultan en la Ley de Presupuesto la previsión del déficit fiscal que el próximo año, estimo, estará en dos dígitos.
—La vocera del gobierno afirmó que el incremento de 28% de la recaudación tributaria interna no petrolera evidencia un éxito en la superación del modelo rentista petrolero.
—Esa afirmación no es correcta. Cuando observas los ingresos que ellos prevén para 2024, te encuentras que el ingreso fiscal petrolero, es decir, el impuesto sobre la renta, regalías y otros, representa 58% del total de los ingresos esperados de la república. Ello indica que el rentismo petrolero sigue vivo a pesar de la crisis económica y la precariedad empresarial de Pdvsa. La Venezuela diversificada económicamente es mera retórica del discurso oficial, el capitalismo rentístico petrolero está intacto pero impactado por una gran desigualdad y pobreza en los últimos 10 años.
Observe que los ingresos tributarios no petroleros, que equivalen a 5.857 millones de dólares, son aproximadamente 11% del PIB, esta es una de la más baja presión tributaria de América Latina que promedia 20% del PIB. Es un rasgo estructural del rentismo petrolero venezolano que permanece inalterable.
—Igualmente señaló que 77,4% del presupuesto de gasto estará destinado a la inversión social.
—Es un eslogan propagandístico, repetido año tras año. Para 2023 afirmaron lo mismo, el gasto social sería 77,1%. Hagamos este ejercicio, si al presupuesto de 2024 le restamos gastos no sociales, como la amortización de deuda, el situado para las gobernaciones y alcaldías y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), quedaría un monto aproximado de 55% de la estimación inicial, inferior a 77,4% de la supuesta inversión social. Ni invocando el espíritu de Galileo Galilei podrán hacer que en 77,4% entre en el 55%. El sistema de misiones, que otrora tuvo una importancia presupuestaria y de impacto social, están en un nivel crítico de subsistencia, exceptuando los CLAP.
—En la distribución del ingreso presupuestario se observa, por tercer año consecutivo, que el régimen de Maduro declara el ingreso petrolero como “extraordinario”. ¿Qué consecuencia financiera tiene esto para las gobernaciones y alcaldías?
—Declarar el ingreso petrolero como supuesto ingreso “extraordinario” es una arbitrariedad que viola los artículos 6 y 167 de nuestra Constitución; al primero porque nos declara como un Estado federal descentralizado, al segundo, porque ordena que del ingreso ordinario total se transfiera 20% para las gobernaciones y alcaldías. Este principio distributivo lo respetaron en los 40 años de la llamada cuarta república y en los 14 años de Chávez. El ingreso petrolero no es extraordinario, es el ingreso más recurrente que tenemos desde Juan Vicente Gómez, hace más de 100 años. Al violar los artículos 6 y 167 de la Constitución vician de nulidad absoluta ese instrumento legal.
—¿Cuántos recursos pierden gobernaciones y alcaldías?
—La asignación legal, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, debería ser de 126.358,19 millones de bolívares. La transferencia que aparece en el Ministerio de Justicia y Paz asciende a 56.604,7 millones de bolívares. Les despojan a las regiones 55,2% del situado constitucional, que son 69.753,4 millones de bolívares. Es obvio que estamos frente a un centralismo agobiante que atropella las posibilidades de gestión pública de los gobernadores y alcaldes en la provincia venezolana. Si hubiera un poder judicial imparcial, este despojo a la descentralización aprobada en la Ley de Presupuesto por el gobierno y la AN sería declarado nulo de toda nulidad.
—¿Por qué afirma que la Ley de Presupuesto de la República para 2024 tiene un alto grado de opacidad?
—Cuando observas que le asignan al Fonden 32,5% del presupuesto nacional, monto sorpresivo e inédito, que es casi un tercio del presupuesto total de la república, 237.443 millones de bolívares, al cambio de 35,62 son 6.666 millones de dólares, sin que se conozcan programas, proyectos u obras a financiar, y conociendo que desde el año 2007 el Fonden no rinde cuentas públicas, como lo estableció su estatuto de creación en 2005, no puede quedar ninguna duda de la ausencia de los principios de claridad y transparencia que deben acompañar al presupuesto. Por cierto, estos recursos que financiará Fonden en 2024 son 68% de los ingresos petroleros que declaran “extraordinarios”, podemos concluir que en Fonden está el situado constitucional que le quitaron a las gobernaciones y alcaldías.