bono de alimentación
El azúcar va entre 80.000 y 90.000 bolívares | Informe21

Luego del anuncio del aumento del sueldo mínimo, los trabajadores públicos y privados cobrarán 250.000 bolívares y 200.000 bolívares en bono de alimentación, quedando el salario integral en 450.000 bolívares.

Este aumento sigue siendo insuficiente para cubrir algunos productos de la cesta básica, pues la inflación y la dolarización de facto tienen por las nubes los precios.

En un recorrido realizado por El Nacional en un mercado popular del oeste de Caracas se constataron los precios de algunos rubros que diluyeron el aumento salarial antes de ser decretado.

La pechuga de pollo se vende entre 250.000 bolívares y 440.000 bolívares el kilo. El valor de la milanesa es similar: entre 250.000 y 400.000 bolívares el kilo.

La harina de maíz ya pasa de los 70.000 bolívares y en el oeste de la ciudad hay lugares, incluso, en los cuales se vende hasta en 80.000 bolívares.

El precio del azúcar se consigue entre 80.000 y 90.000 bolívares.

En conclusión, el nuevo bono de alimentación solo permite en algunos casos adquirir dos productos. Pero si hablamos de pollo, menos de un kilo. No más.

Para comienzos de la próxima semana los consumidores esperan que los precios suban, tal como ha sucedido en años anteriores cuando el régimen anunció el aumento de sueldo.

El salario anclado al petro es ilegal

Jesús Casique, economista, afirmó que es una ilusión el aumento salarial del régimen.

«Incrementó el salario mínimo Bs.150.000-Bs.250.000 (66,6%) Cesta Ticket Bs.150.000-Bs.200.000 (33,33%). Sin embargo, representa una ‘ilusión monetaria’: en octubre el salario era equivalente a $7,6 actualmente $3. Desde año 1999 hasta enero 2020 ha acumulado 51 incrementos de salario», escribió en Twitter.

El pasado mes de octubre, el régimen de Nicolás Maduro ancló el salario mínimo al petro, lo que fue catalogado por el economista como ilegal.

Casique explicó a El Nacional que en las leyes venezolanas no permiten que el petróleo respalde cualquier instrumento que cree el régimen.

Por ello, afirmó que se está violando tanto el artículo 12 de la Constitución como el número 3 de la Ley de Hidrocarburos.

La norma establece: «Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, o cualquiera sea su naturaleza existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público».