El ejercicio de aproximarse a lo que podría esperar a los venezolanos en los próximos meses fue aceptado por un grupo de analistas que, a partir de los escenarios actuales, ofreció algunos indicios sobre cuál puede ser el camino que recorrerá el país en el año que está por comenzar. Sin propósito de enmienda por parte del gobierno, la hiperinflación continuará siendo una pesada carga que los ciudadanos deberán seguir asumiendo.

El poder adquisitivo del bolívar mantendrá su caída a un ritmo acelerado, por lo que Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, prevé un aumento del salario mínimo durante los primeros días del año, con el que se intentará, además, restar algo de atención a la fecha del 10 de enero, día en el que debería juramentarse Nicolás Maduro para otro período presidencial y que ha sido señalado como el momento en que su gobierno se podrá calificar como autocrático, dado el desconocimiento que pesa sobre las elecciones del 20 de mayo.

La emergencia humanitaria, que no ha cesado, así como la prolongada crisis económica, seguirán acicateando el éxodo de venezolanos, hasta el punto de que ya la Organización de Naciones Unidas prevé que 2 millones de personas más durante 2019 tomarán la difícil decisión de emigrar.

Política: Conflictividad y unidad tendrán un papel definitorio

El 10 de enero de 2019 debería comenzar, de acuerdo con la Constitución, un nuevo período presidencial; de allí que la fecha se haya convertido en un hito para definir el futuro de Venezuela. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, pide, sin embargo, no convertir ese día en una meta en sí misma, “donde todo se gane o todo se pierda”. Sí, será el momento de comenzar a usar, para denominar al gobierno, un apellido del que no podrá desprenderse, indica. “A partir de ese momento hay que colocarle al actual régimen la etiqueta de que estamos ante un gobierno de facto, un gobierno que, al no tener legitimidad de origen, está expuesto a iniciativas que buscarán salir de él”.

Para la analista política Carmen Beatriz Fernández, profesora de la Universidad de Navarra y del Iesa, el destino del país se puede definir, en cambio, cinco días antes de la fecha marcada por la Constitución. “El 5 de enero se escogerá la nueva directiva de la Asamblea Nacional y lo que viviremos en los próximos meses va a depender, en buena parte, de lo que ocurra ese día. Si se logra en unidad o al menos nos acercamos a ello, las perspectivas serán mejores en 2019”. La unidad será un objetivo deseable tanto para el oficialismo como para la oposición, que se han ido convirtiendo en archipiélagos, dice.

Alarcón señala que el gobierno está tratando de mostrarse fuerte “en un momento en el que obviamente no lo es, pues no cuenta con la aceptación voluntaria de quienes son gobernados, y se ha hecho cada vez más dependiente del uso de la fuerza para poderse mantener”.

La oposición también se encuentra en una situación muy complicada, obligada igualmente a ganar legitimidad. “Va a evolucionar porque no le queda otra opción, lo que quiere decir que aparecerán nuevos actores, y se repensará la estrategia en pos de reconstruir la unidad”.

La unificación de las fuerzas opositoras es indispensable, agrega Fernández, por la necesidad de mostrar a un interlocutor ante la comunidad internacional que haga presión sobre el gobierno venezolano, esa será otra de las variables que entrará en juego a comienzos de 2019. “Tanto el Grupo de Lima y la Unión Europea, como otros actores han trabajado mancomunadamente durante 2018, ejerciendo presión en distintas esferas, incluyendo la diplomática, la comercial, la financiera, sin descartar la militar. Eso seguirá siendo así porque el problema venezolano dejó de ser solo del país; la prioridad ha comenzado a ser rescatar el equilibrio regional, contener el elevadísimo flujo migratorio que está convirtiendo al continente en un polvorín”.

Ciertos actores internacionales podrían tener tolerancia con un gobierno autoritario si este se mostrara capaz de dominar la crisis, señala Fernández. “Pero Maduro no lo puede hacer ni siquiera apelando a medidas más represivas como la policía migratoria, pues hay una correlación entre la emigración feroz de Venezuela y la hiperinflación, y el gobierno padece de una combinación de incapacidad y dogmatismo que le impide solucionar el problema”.

Panoramas posibles

En el ajedrez político que está planteado en el país para los próximos meses se ven dos posibles caminos, apunta Alarcón: cambio político o transición, por una parte, o continuidad, por la otra. “En el segundo caso, iríamos a un escenario en el que se profundizará la crisis, como ha ocurrido hasta ahora, lo que derivaría en un gobierno más autoritario o autocrático. A fin de avanzar en ese espacio, es fundamental para el régimen ahondar la anomia que hay en el país. En esas condiciones, la gente empezará a rendirse, a pensar que no hay nada que se pueda hacer más allá de emigrar o adaptarse a vivir bajo las actuales circunstancias, porque el gobierno es muy poderoso y no es posible hacer algo contra él. En ese caso la crisis se profundiza y el Ejecutivo se hace mucho más estable, no porque la gente lo acepte voluntariamente, sino porque, por falta de expectativas, de alguna manera se hace sumisa”. Si la población está paralizada y no hay acuerdos en la oposición, “la probabilidad de que Maduro no continúe en el poder es remota”, agrega.

Una transformación podría producirse de distintas maneras. Por ejemplo, que se genere dentro del régimen la decisión de sustituir a quien lo encabeza “para que el proceso de cambio político no termine por dejarlos a todos afuera y sometidos al peligro de enjuiciamiento”.

Otro escenario podría venir dado por una conflictividad que haga presión en pos de una transición. En el caso de que haya violencia, sin embargo, el pronóstico sería a favor del gobierno “porque es el que tiene los medios para ejercer la fuerza, y el que tiene los medios termina decidiendo el desenlace”.

Una conflictividad pacífica y políticamente canalizada tendría mayores posibilidades de restituir la democracia, porque además anularía la represión como fuerza que podría socavarla, pero una movilización masiva de la población requeriría de un liderazgo político que le dé direccionalidad y disciplina.

Hay quienes ven esto imposible porque diagnostican que la sociedad venezolana está sumergida en la apatía, pero lo cierto es que las cifras recopiladas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social muestran que los ciudadanos siguen en las calles. De hecho, 2018 marcó un récord en el número de manifestaciones que se ha producido en Venezuela: hasta octubre están documentadas 10.773 protestas, es decir, 984 más que las 9.789 que se registraron en 2017. Marco Antonio Ponce, director de la ONG, lo resume en una frase: “Los venezolanos han estado protestando durante todo el año”.

Esas manifestaciones, apunta, han estado guiadas por la demanda de acceso a servicios y bienes básicos. “La dirigencia política está llamada a acompañar esa exigencia de derechos sociales y a darle una conducción pacífica para lograr un cambio”, recalca. Alarcón recuerda que las mediciones de opinión han mostrado que los venezolanos siguen proclives a la movilización masiva para lograr un cambio siempre que esté conducida por un liderazgo con credibilidad.

Economía: El país seguirá bajo la avalancha hiperinflacionaria

El efecto “bola de nieve” es una imagen que se usa frecuentemente para describir los procesos hiperinflacionarios, como el que Venezuela experimenta desde finales de 2017. Luego de más de un año de haber comenzado, el movimiento de la hiperinflación se asemeja a una avalancha cuyos efectos no van a cesar en los próximos meses, advierten los economistas.

“La hiperinflación se mantendrá porque las causas que la motivaron siguen allí”, señala José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. “El problema fiscal seguirá presente el año próximo, e incluso será más grave que en 2018, porque la producción petrolera sigue cayendo. Los precios del hidrocarburo no han subido como el Ejecutivo esperaba y no hay financiamiento externo, por lo que el gobierno continuará emitiendo dinero”, factor que alimenta la vorágine inflacionaria.

En vista de que el gobierno no suministra datos para conocer cómo se comporta la hiperinflación, los que aporta la AN sirven como referencia: la inflación de noviembre fue de 144,2%, y la anualizada llegó a 1.299.742%. De acuerdo con los cálculos del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, la inflación medida según la canasta básica alcanzó 132.231,1% en noviembre. “Si el comportamiento continúa como hasta ahora, creemos que para el mes de diciembre la canasta básica va a terminar cerca de los 300.000 bolívares”, señala Oscar Meza, doctor en Economía y director de ese centro.

Señala que, dado que la inflación diaria ha alcanzado 4%, “no es demasiado aventurado indicar que la canasta básica pueda ubicarse en los próximos meses en 1 millón de bolívares soberanos”. En vista de la pulverización del bolívar, añade, es bastante probable que en los primeros días del año 2019, el gobierno se vea obligado a hacer un nuevo anuncio de aumento del salario mínimo, que podría alcanzar, según sus previsiones, al menos 10.000 bolívares soberanos.

La economista Marisela Cuevas coincide en que el escenario del año 2019 será complejo y difícil. “Tenemos muchos elementos que nos dicen que el próximo año va a ser mucho peor, por las señales que sigue enviando el gobierno. Los agentes económicos se programan de acuerdo con eso y no se está mandando ningún mensaje de confianza para que los inversionistas puedan realmente creer que la economía va a mejorar; se habla de planes económicos pero todos suelen ser una reedición de lo anterior porque se persiste en atacar, en lugar de las causas de la inflación, sus consecuencias”.

Para lograr un cambio habría que recurrir al ABC, “algo que cualquier estudiante de Economía sabe, ya que se trata de unas reglas muy sencillas. Lo primero es que el gobierno debe sincerar sus ingresos y gastos, porque la inflación tiene un componente fiscal inocultable, pero mientras persista en financiar misiones y bonos que comprometen sus ingresos, y continúe endeudándose y monetizando ese déficit fiscal, seguiremos pagando los resultados”.

La difícil tarea de sobrevivir

En octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional había previsto que la inflación cerraría este año en Venezuela en 1.370.000% y que alcanzará 10.000.000% en 2019. Cuevas señala que el panorama de la hiperinflación desbocada se atiza con “los incrementos de sueldos constantes, el ataque a la propiedad privada, la inseguridad jurídica y, sobre todo, con el déficit fiscal del gobierno, que se incrementa de una manera irresponsable”.

En este momento, “las cifras de inflación son inaceptables”, añade. La contracción del Producto Interno Bruto, el éxodo de capital humano y el cierre de empresas son otros elementos que oscurecerán el paisaje económico en los próximos meses. La escasez también será una constante que se mantendrá y la insistencia en la política de controles continuará avivando el mercado negro, advierte.

En la hiperinflación, que califica como un organismo que crece “por inercia”, hay un componente que califica de emocional. “En todo proceso inflacionario se genera una serie de expectativas que lleva al consumidor a comportarse de una manera determinada: todos queremos deshacernos de los bolívares, gastar y comprar lo que podamos en mayor cantidad, y eso, de una manera o de otra, contribuye también con la inflación y la escasez”.

En este escenario, el ciudadano queda reducido a la tarea de sobrevivir, de tratar de sobrellevar una cotidianidad difícil, señala Meza. “Con un salario equivalente a 6 dólares diarios no es posible financiar una canasta alimentaria que cuesta al menos el equivalente a 300 dólares. Ya los ciudadanos como consumidores estamos en el límite”. A ese deterioro económico se agrega la imposibilidad de satisfacer otras necesidades básicas, como los servicios de agua o electricidad.

Para el consumidor la tarea de afrontar la hiperinflación es titánica. “Implica un reajuste en el funcionamiento de la economía familiar”, dice Cuevas. Añade que es obligatorio buscar formas alternas de generar ingresos y preferiblemente en divisas, “en moneda dura porque sabemos que el bolívar cada vez vale menos”. Recomienda estar muy conscientes del manejo del dinero y tener un presupuesto familiar ajustado a los gastos que no incurra en “lujos”, que en este caso se traducen hasta en tomar un café fuera de casa.

Ante el panorama hiperinflacionario, para Guerra, el ciudadano está indefenso. “La única opción que le queda es trabajar por un cambio de gobierno”.

Migraciones: Una diáspora cada vez más empobrecida

La Organización Internacional de Migraciones reconoció que el número de venezolanos que ha abandonado el país desde 2015 llegó a los 3 millones. La cifra podría alcanzar los 5 millones el próximo año, de acuerdo con las proyecciones de Eduardo Stein, representante especial para la migración nacional nombrado por las Naciones Unidas, quien señala que más de 5.000 compatriotas dejan el país cada día.

Las condiciones que han provocado el éxodo en el pasado reciente no han cambiado, por el contrario, podrían incluso empeorar en poco tiempo, advierten los analistas.

La directora del Centro de Justicia y Paz y experta en migraciones, Beatriz Borges, señala que la emergencia humanitaria, la hiperinflación y la incertidumbre política son las causas que están llevando a mucha gente a alimentar la decisión de abandonar el país. “La desesperanza va a convertirse en otro factor migratorio, tanto de personas que pueden considerarse refugiadas como de otro tipo de migrantes. Hay que tomar en cuenta que son muchos quienes esperan el cierre de ciclos, que pasen las navidades y el fin de año para tomar la decisión”.

El 10 de enero se ha convertido en otro hito para los venezolanos que están estudiando la posibilidad de irse, señala Claudia Vargas, investigadora de la Universidad Simón Bolívar. “Hay incertidumbre ante el posible desconocimiento de la Presidencia de Nicolás Maduro y las determinaciones que van a tomar otros países”. El punto de inflexión, añade, también tendrá que ver con la salida del país de la Organización de Estados Americanos, pues se cumplen dos años desde que se anunció esa decisión.

“Con ello, se percibiría que Venezuela dejaría de estar obligada a responder por situaciones como la emergencia humanitaria compleja o la violación de derechos humanos y eso podría hacer también que mucha gente decidiera marcharse”.

Tomás Páez, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y de La voz de la diáspora venezolana, considera que la agudización de la crisis económica será el principal acicate del éxodo que se incrementará en 2019. “La tendencia de la migración será a aumentar mientras este régimen se mantenga en el poder con las políticas que están planteadas. Ya vemos cómo las previsiones que el Fondo Monetario Internacional hizo el año pasado sobre la inflación venezolana se quedaron cortas y con esta espiral hiperinflacionaria será imposible sostener productos y servicios”, indica.

Recuerda que ya ha desaparecido más de 60% del parque industrial y que el empresarial se sigue reduciendo, a lo que se añade la improductividad de Pdvsa y las empresas básicas. “En esas condiciones, y mientras haya escasez de alimentos, de medicinas, de efectivo, así como deterioro del suministro eléctrico y de agua potable la migración seguirá creciendo de manera acelerada”. Cita previsiones de la Cancillería de Colombia de acuerdo con las cuales el número de venezolanos que habrá en ese país para el próximo año podría superar los 4 millones.

Vargas señala que si bien el perfil de la migración es muy variado, tiende a abarcar los extremos. “Estamos hablando de gente cada vez más joven así como de personas mayores de 65 años de edad”. Añade que se ha hecho muy común que la diáspora se vea alimentada por universitarios que todavía no han culminado la carrera. Se trata de un fenómeno nuevo, agrega, porque hasta hace poco tiempo los estudiantes solían esperar a tener el título bajo el brazo antes de irse. “La expectativa que tienen es conseguir trabajo para poder enviar remesas a sus familias en Venezuela, por lo que no requieren calificación para insertarse en los mercados laborales de las naciones que los están acogiendo”.

En cuanto a las personas de mayor edad, destaca la gran cantidad de migración de retorno que se ha producido tanto hacia los países europeos, que alimentaron la población venezolana durante el siglo XX, principalmente España, Portugal e Italia, como la que está yéndose a otros países latinoamericanos, por ejemplo, a Colombia, y que ha ingresado al país en muchas ocasiones para huir del conflicto armado.

Igualmente, seguirán marchándose adultos en edad productiva de las clases medias y medias bajas “que aún pueden pagarse un pasaje, aunque sea por vía terrestre”, aduce.

Además seguirá produciéndose el fenómeno de quienes se van aún a pie o por peñeros, por rutas riesgosas, indica Páez. “Generalmente teníamos un perfil de migrante altamente calificado. En Argentina, por ejemplo, 75% de los venezolanos que han llegado tiene altísimo nivel educativo y algo similar ocurre en Chile. Sin embargo, hay que recordar que un profesor titular de las universidades nacionales gana en este momento el equivalente a 4 dólares, por lo que quienes están saliendo del país, aún con esas calificaciones, en este momento pertenecen a una sociedad que está mucho más empobrecida”.

En todo caso, la pérdida para Venezuela incluye tanto capital intelectual como fuerza laboral, apunta Vargas. “En estos tiempos hay empresas que no tienen cómo cubrir las vacantes, especialmente en áreas que requieren conocimientos específicos, como las de Medicina o Enfermería”.

Decisiones a favor

Más de 150 países firmaron el 11 de diciembre, en Marruecos, el Pacto Mundial de Migraciones, en una cumbre a la que asistió el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien elogió la iniciativa como  “pertinente” pero llamó a que no se convirtiera “en una herramienta de intervención”. Páez aclara que el acuerdo no tiene carácter vinculante, “lo que contiene son principios orientadores”.

El investigador, si bien señala que hay objetivos  “muy genéricos” en el documento, también destaca varios puntos que interesan en el caso venezolano. Uno de ellos es el manejo de los datos, que según lo acordado, debe hacerse de la manera más clara y transparente posible. Otro, tiene que ver con el clima interno que propicia la salida masiva de personas de un territorio. “Se habla de minimizar las razones que están obligando a la migración, lo que significa que debe haber una vigilancia. Justamente, el problema del país es que la gente se está marchando porque hay una serie de condiciones que está impidiendo su supervivencia”.

También se enfatiza la necesidad de prevenir la xenofobia, un problema con el que los venezolanos han tenido que lidiar más allá de la frontera, pese a que Páez destaca la política de brazos abiertos con la que han sido recibidos, en general, en Latinoamérica. “Estamos hablando de países con problemas profundos que, sin embargo, están tratando de responder a las demandas de salud y educación que implica esta población”.

Borges insiste en este punto porque señala que a los migrantes no solo se les debe dar acogida sino también acceso a derechos. Pone el acento en la emergencia humanitaria, porque “es la que va a seguir produciendo el éxodo. Más de 3 millones de venezolanos están afuera, pero hay otros 28 millones de personas que se encuentran viviendo en esas condiciones. Es preciso considerar hasta qué punto la respuesta de la comunidad internacional es un paño caliente y no se está dando una respuesta real a la causa de la migración”, subraya.


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