Pdvsa emprendió una campaña para restablecer la producción petrolera a 1,5 millones de barriles diarios o 2 millones de bd en 2020. Como parte de su plan impulsa de manera agresiva empresas conjuntas renovadas con socios que, en su mayoría, son locales.
La compañía Petrosur, filial de la estatal de petróleos, es un ejemplo de ello, pues se asociará con Inversiones Petroleras Iberoamericanas, con sede en Chipre. El objetivo de la alianza es desarrollar el bloque Junín 10 en la Faja del Orinoco, que tiene reservas de crudo extrapesado calculadas en 1.030 millones.
En la lista de socios que encabezan a IPI se encuentran el ex presidente y director ejecutivo de Repsol, Alfonso Cortina; el ex asesor de asuntos legales de Repsol, Ramón Blanco Balin, y un inversionista venezolano. Así muestran documentos legales nacionales, españoles, holandeses y chipriotas e informes interinos de Pdvsa obtenidos por Argus Media.
IPI haría un pago inicial de 400 millones de dólares a Petróleos de Venezuela S. A. para conseguir los derechos de desarrollo de Junín 10. Un intento fallido de lanzar Petrosur en agosto de 2018 habría autorizado ese pago primordialmente en bonos venezolanos y de Pdvsa a través de IPI. Así lo afirmaron tres funcionarios del ministerio y de la estatal con conocimiento directo de la empresa planificada.
Junín 10 había sido asignada en un principio, 2010, a una empresa conjunta de Pdvsa con la Corporación Nacional de Petróleo de China. No obstante, la CNPC se apartó en 2014 luego de que la estatal de petróleos de Venezuela no logró honrar su participación en la inversión de capital.
Al mismo tiempo, Pdvsa está trabajando con otra asociación con Upstream en el este de Venezuela. Su accionista minoritario propone gastar 800 millones de dólares en un lapso de 3 años para producir 100.000 b/d. A cambio, esa industria petrolera pide el control operativo absoluto y derechos de comercialización.