La economía venezolana ha experimentado el cierre de 370.000 empresas privadas en los últimos 20 años, 60% de las que existían en 1998 antes de la llegada del chavismo al poder, afirmó el nuevo presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano.
Durante la Asamblea 75 de la entidad gremial, Cusano indicó que «en Venezuela en 1998 había 620.000 empresas, hoy apenas quedan abiertas aproximadamente 250.000» y afirmó que «el reto es que esas 250.000 permanezcan abiertas» de «cara al futuro».
A juicio de Cusano, durante el primer semestre de 2019 el elemento que más afectó al desempeño de las organizaciones «sin duda alguna» fue la crisis de los servicios públicos.
Si bien cada empresa ha buscado atender los efectos del colapso de los servicios públicos (agua potable y electricidad), Cusano apunta que «lo que estamos viviendo» especialmente en el interior del país, con la escasez de gasolina y cortes de electricidad, «ha mermado muchísimo la posibilidad de seguir produciendo».
Cusano afirmó que en algunas regiones «se hace inviable» el funcionamiento de las empresas, debido al colapso de los servicios públicos; citó la situación de las empresas en los estados de Zulia (oeste) por los cortes de electricidad y Bolívar por la escasez de gasolina.
En el caso zuliano, Cusano dijo: “Hay industrias que reciben solo seis horas de electricidad, en unos horarios que no es horario de trabajadores”, lo que en la práctica ha detenido el funcionamiento de las empresas.
«Se está haciendo magia», resumió. Dijo que en algunos casos se está “aprendiendo a producir como produjeron nuestros abuelos: sin electricidad, sin tractores, sin gasolina”.
Desde 2014, el sector privado venezolano encadena 19 trimestres consecutivos de contracción, de acuerdo con las cifras que el Banco Central de Venezuela publicó en mayo luego de tres años de silencio oficial.
En el período julio-septiembre de 2018, el último valor reportado por el emisor, la actividad privada se desplomó 29,4%, la contracción de mayor magnitud desde el año 1998.
En cuanto al impacto de la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Patrimonio, aprobado por la oficialista asamblea nacional constituyente a principios de julio, Cusano dijo que «sin duda alguna es un gran golpe y desincentivo a la inversión».
También lamentó la imposición de nuevas tasas para el registro de las actividades comerciales que, desde su punto de vista, presentan «unas desproporciones terribles» y «una vez más recibimos políticas públicas que lo que hacen es desincentivar ese objetivo».