Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, participó en el foro de la Universidad Metropolitana Arco Minero: «Una Verdad Oculta» en el que hizo un paneo general sobre la situación del Arco Minero, su gravedad y el impacto que tiene en diversas áreas.
El Arco Minero es una iniciativa de exploración y explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco impulsada en el año 2011 por el ex mandatario Hugo Chávez y concretada mediante decreto en el 2014 por Nicolás Maduro y oficializada en el 2016.
“Para que sepan la gravedad de la situación. Son más de 111 mil km2, más grande que Panamá”, aclaró el diputado.
Asimismo, De Grazia explicó cómo el proyecto afecta en diferentes formas. Una de ellas es en un servicio tan básico como la electricidad. “El Arco Minero está ubicado justo a orillas del lago Guri. No estamos en capacidad de producir electricidad, ni siquiera la necesaria y requerida por el estado y la de las empresas, porque la represa fue afectada por la actividad minera de la zona”, explicó.
Según el diputado, la zona está totalmente militarizada. «El general le da al pran la zona en la que va a operar y el pran le cobra al minero. Los pranes a parte de estar con autorización militar, usan armas de la Fuerza Armada Nacional», aseveró.
Afirmó que los cambios en la jerarquía militar generan las masacres en Guayana. “Cuando anuncian un cambio militar a las dos, tres semanas hay una masacre en Guayana. El general llega a la zona y hay un cambio de ‘pran’ porque el que estaba no le servía a él y al general le interesa que esté es el ‘pran’ suyo”, explicó.
De Grazia indicó cómo funciona la comercialización de los recursos naturales extraídos en el lugar. Las zonas están bajo el mando de un “pran”, el cual le pide cierto porcentaje de producción al minero. Según el diputado, Minerven dejó de producir y le compra el oro directamente a los “pranes” y de esa manera llega el oro al Banco Central de Venezuela (BCV). “Es una mafia para todos los recursos que se explotan allí”, declaró.
La situación también afecta a los mineros y a las comunidades de la zona. Estos deben pagar una especie de diezmo a los pranes para la entrada de alimento.
El diputado también denunció 244.000 casos de paludismo, cuyo tratamiento es difícil de conseguir ya que el suministro de medicamentos está controlado por la Guardia Nacional.
De Grazia llamó la atención al tipo de políticas implementadas en este sistema. «El gobierno invita a empresas a invertir en el Arco Minero garantizandoles su operatividad sin realizar estudios de impacto ambiental y sin tomar medidas cautelares. No se realizan contratos, es fáctico. Toma la zona, explota y me das mi parte”, denunció.
Destacó el labor de las universidades y las generaciones futuras para formar un modelo distinto al rentismo petrolero y minero.
Finalmente, hizo un llamado a la reflexión por el impacto ambiental que genera la explotación de esta zona. También ofreció como solución una ley que regule la actividad minera en la zona, la cual ya está en discusión en la Asamblea Nacional.