Hace dos años el hotel Perlamar, una obra 80% concluida y ubicada en Margarita, fue tomado por el gobierno luego de acusar a los propietarios de legitimación de capitales. Según Carlos Guevara, representante legal de la empresa Desarrollo Perlamar, se trata de un caso político, pues quedó demostrado que los fondos de inversión fueron obtenidos de forma legítima a través de la cartera de bancos nacionales.
“Desde febrero la Constructora Vidalsa 27, C. A., una contratista ampliamente relacionada con el Estado, inició reparaciones en el inmueble. Estamos viendo que hay ciertos manejos no muy claros en la forma cómo se hizo la adjudicación”, señaló Guevara.
Explicó que después de años, tiempo que establece la ley a una persona que tiene un procedimiento abierto, el Ministerio Público debe presentar ante un juez de control un acto conclusivo de imputación final. “No existe una medida judicial final sobre la titularidad del hotel. Por lo tanto, debe procederse a la devolución del inmueble a su legítimo propietario. Este es un caso que por retaliaciones políticas se pretende hacer una apropiación de un bien por parte de funcionarios del Estado, que se han coludido para actuar de esa forma”, enfatizó.
El 6 de marzo el representante legal se reunió con Jesús Vidal y César Romero, de la contratista Vidalsa 27, C. A. “Ellos dijeron que el hotel se les había asignado por el Ministerio de Turismo para que realizaran una rehabilitación en las áreas verdes, en la piscina, canchas de tenis, churuata y otros, y que por el momento harían un club de playa con un presupuesto de 60 millones de dólares, provenientes de la subcontratista panameña Westin Investment Holdings, S. A.”, manifestó Guevara. Estos trabajos deben estar listos el 15 de julio. Posteriormente iniciarían con las habitaciones y zonas de servicio.
Daños al inmueble. Guevara expresó que durante estos dos años se le han generado daños al bien: “Han ocurrido sustracciones, hurto y robos al mobiliario del hotel. Se hicieron las denuncias correspondientes, tanto en el Ministerio Público como en el Cicpc. Allí se hicieron las averiguaciones y se determinaron algunas responsabilidades”.
Aseveró que han hecho llamados tanto al Ministerio de Turismo como a la Contraloría General de la República para que reconozcan que el hotel es una propiedad de terceros: “Mintur es un simple custodio del inmueble; por lo tanto, no puede hacer asignaciones para explotación económica. Los daños patrimoniales causados son responsabilidad del funcionario que ordene cualquier acto de modificación de lo que es la arquitectura original. Lo cual supone, de acuerdo con nuestra Constitución, una responsabilidad civil, penal y patrimonial por parte de esto funcionarios. Además de las que pudiese tener la empresa contratista”, sentenció.
Luego de las violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, Guevara ha colocado denuncias ante organismos internacionales –Oficina del Tesoro de Estados Unidos–, para el resguardo de los Derechos Humanos y el manejo ilícito que se está cometiendo con el inmueble.
Pese que no han tenido acceso al expediente de la propiedad, aseguró que están en proceso para hacer la denuncia antes la Fiscalía correspondiente para que el hotel sea devuelto a sus propietarios legítimos.