Después de que la escasez de carne alcanzó la alarmante cifra de 90% desde que gobernadores intervinieron, hace tres meses, la cadena cárnica y fijaron precios por debajo de los costos de producción, el gobierno levantó las medidas que impedían el traslado de reses.

El artículo 1 de la resolución publicada en la Gaceta Oficial 41526, del 16 de noviembre, prohíbe en todo el territorio “la emisión o ejecución de cualquier restricción o gravamen que impidan el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos”.

La orden, firmada por el Comando para el Abastecimiento Soberano y los ministerios de Industrias y Producción, de Agricultura Productiva y Tierras, de Alimentación, de Pesca y Acuicultura, y de Comercio Nacional, también prohíbe a las autoridades estadales o municipales fijar precios a los bienes.

Los gobernadores José Vásquez, de Guárico; Ramón Carrizález, de Apure; Argenis Chávez, de Barinas; Julio León Heredia, de Yaracuy; Rafael Calles, de Portuguesa, y Margaud Godoy, de Cojedes, exigían 45 bolívares por el el kilo de vaca en pie y 50 bolívares el kilo de toro en pie, hasta 60% del rebaño que es arrimado a los mataderos.

“El gobierno se dio cuenta de que estaba atropellando al sector. En Barinas se restringía la salida del ganado a grandes centros de beneficio y de consumo como Aragua, Carabobo, Lara, Distrito Capital y Miranda, lo que generó bastante retraso y trabas. Nadie quería trabajar a pérdida”, expresó José Labrador, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Barinas.

Dijo que el director regional del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral informó el martes que ya no había limitantes para la salida de los animales de Barinas a cualquier parte del país. Sin embargo, en los estados fronterizos hay una restricción de guiado, previa a la que ejecutaban los gobernadores de las entidades llaneras, añadió.

Gerardo Ávila, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, afirmó que la Gobernación de Zulia persiste en imponer gravámenes y porcentajes sobre el ganado que se arrima a los mataderos. “Hasta este momento desconoce la orden que prohíbe tales imposiciones”, declaró.

Apure también mantiene las restricciones de movilización de ganado a otras entidades para su beneficio y comercialización, aun cuando el gobierno ordenó levantar esas medidas. Desde enero pasado, gobernaciones de estados productores de ganado y leche comenzaron a limitar el traslado de los rebaños.

En septiembre, jefes militares reunidos con productores del centro del país anunciaron el inicio de un plan piloto que consistiría en la intervención del gobierno de Nicolás Maduro en la movilización y beneficio de reses, para la posterior distribución y comercialización de la carne.

Chara Melgarejo, presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, señaló que en esa entidad los funcionarios no han acatado la resolución por lo que harán gestiones ante la Fiscalía Superior de Apure para que se cumpla. En el estado, las medidas restrictivas han sido de palabra y no hay documentos que las avalen. Sin embargo, las guías de movilización de ganado que son emitidas por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, son negadas.

“Aquí hay represado por lo menos 2.000 animales que tienen que ir a los mataderos del centro del país y no los hemos podido sacar porque los funcionarios del Insai se niegan, debido a que no tienen la instrucción expresa del director regional. No nos han dado las guías de movilización”, indicó Melgarejo.

El artículo 6 de la resolución establece que el incumplimiento será considerado una trasgresión a la seguridad y soberanía agroalimentaria y estará sujeto a la aplicación de la sanción de prisión de 12 a 15 años, correspondiente al delito de boicot; y de 3 a 6 años, por el delito de condicionamiento.

En Táchira las tierras son utilizadas para la ceba y cría de rebaños procedentes de Barinas y Apure. Cuando se impuso la restricción de movilización no hubo ganado para tal fin, tampoco para llevarlo a sacrificio en los mataderos industriales de la entidad que tienen capacidad para el beneficio diario de 500 a 600 reses.

Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, calificó la situación de violación al derecho de alimentación de los tachirenses.

“El gobierno se dio cuenta de que estaba atropellando al sector. En Barinas se restringía la salida del ganado a centros de beneficio y de consumo, lo que generó retraso y trabas. Nadie quería trabajar a pérdida”

José Labrador,

presidente de Asobarinas


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