El gobierno de Nicolás Maduro oficializó una nueva providencia, difundida este lunes en medios locales, que regula el servicio de entregas a domicilio y crea un importe de 1% sobre todas las encomiendas que se concreten a través de aplicaciones digitales, una modalidad de comercio que lleva unos cinco años de crecimiento en el país.
La normativa, publicada en Gaceta Oficial con fecha del 5 de febrero, crea un registro obligatorio, manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que las empresas deberán pagar un costo de 300 dólares para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio.
Asimismo, la providencia establece un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que incluye una multa de 6.000 dólares a los operadores que reincidan en el incumplimiento de los lineamientos, en vigor desde la fecha de publicación de la gaceta.
Las empresas «deben reflejar a los usuarios, en la factura electrónica o física, el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, correspondiente al uno por ciento (1 %), el cual será retenido y enterado por el operador postal privado a favor de Ipostel», dice el escrito.
Asimismo, la institución adelantó que impulsará el desarrollo tecnológico de una herramienta digital, con énfasis en aplicación móvil, «para que sirva de plataforma única de la prestación del servicio de entregas a domicilio a nivel nacional».
Aunque el escrito no estima en cuánto tiempo estará lista esta aplicación, ordena a todos los operadores ajustarse a los lineamientos que dicte Ipostel «en la adecuación, utilización, mantenimiento y seguridad de la plataforma única de entrega a domicilio».
Hasta ahora, las autoridades no han explicado si las empresas que ya explotan el servicio de encomiendas en el espectro digital podrán continuar operando, como lo hacen ahora mismo.