Más de 20 empresas en Lara dedicadas a la fundición de chatarra se encuentran en riesgo de cerrar por la falta de materia prima. El suministro está paralizado desde diciembre, luego de que la gobernadora Carmen Meléndez decretó la prohibición de la comercialización y el traslado de material ferroso y no ferroso.

Giorgio Reni, presidente de la Cámara de Industriales de Lara, informó que en menos de dos meses ha caído 45% la producción de derivados del material reciclable como el níquel, cobre, hierro, aluminio, acero, entre otros, con los que fabrican bombas de agua, placas y moldes para Petróleos de Venezuela.

“Estamos trabajando con la metería prima guardada, pero cuando eso se nos acabe –que será en menos de un mes– vamos a paralizar totalmente nuestras empresas”. Aseguró que debido al decreto y a las amenazas de funcionarios de seguridad, los distribuidores han dejado de hacer los traslados.

El representante gremial afirmó que aunque el decreto busca disminuir el robo de materiales estratégicos de las empresas del Estado, tiene un efecto colateral que pone en riesgo 1.600 puestos de trabajo directos.

En lo que va de año han solicitado reunirse con la gobernadora en dos oportunidades, pero no han recibido respuesta. El gremio solo ha sido atendido en el Consejo Legislativo.

Guillermo Palacios, diputado del Consejo Legislativo del estado, señaló que el trasfondo del decreto –que califico de adefesio, inconstitucional e ilegal– es la creación de “una mafia” de control del mercado del material ferroso y no ferroso por parte de  la Gobernación.

Añadió que son más de 10.000 personas afectadas de manera directa e indirecta. “La gobernadora en vez de generar fuentes de trabajo, como prometió en su campaña electoral, las está cerrando, aumentando el hambre y la miseria”.


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