El sindicalista Iván Freites, en representación de los extrabajadores petroleros despedidos en 2002, denunció la violación de sus derechos laborales ante la Comisión de Administración y Protección de Activos (CAPA), un organismo creado por la Asamblea Nacional 2015 con la facultad de administrar y proteger los bienes de Venezuela en el exterior y representar al país en juicios y arbitrajes.
A través de una conexión por la plataforma Zoom, el dirigente sindical explicó que “los extrabajadores petroleros han acudido a los tribunales buscando justicia para hacer valer sus derechos”.
“Los trabajadores petroleros son víctimas del atropello y amenazas por parte de las empresas estatales, vulnerando sus derechos humanos”, dijo Freites ante el órgano legislativo.
Explicó que ante la falta de respuestas y soluciones del sistema judicial venezolano, los extrabajadores petroleros recurrieron a los tribunales estadounidenses.
Información de prensa de la filial venezolana Citgo y documentos públicos de dicha empresa indicaron que en estos momentos cursa una demanda presentada y admitida en la Corte Federal de Delaware, en caso distinto al de Crystallex.
Se trata, según Citgo, de una demanda colectiva de carácter privado con detalles sellados para proteger la identidad de los extrabajadores petroleros y que fue presentada por Freites en septiembre de 2023.
El caso fue informado al juez Leonard Stark, quien lleva el pleito de la canadiense Crystallex contra Citgo Petroleum en demanda por una compensación por la expropiación de sus activos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.
Los más de 20.000 trabajadores petroleros despedidos hace 22 años reclaman una indemnización de 100.000 dólares y exigen ser incluidos en la subasta de Citgo. Sin embargo, hasta la fecha de hoy no ha sido posible conocer la posición de Pdvsa al respecto.
Aunque en declaraciones atribuidas a Horacio Medina, presidente de Pdvsa ad hoc, este se niega a que la petrolera indemnice a los trabajadores, lo cual ha causado malestar.
Freites planteó que CAPA conozca todos los reclamos llevados adelante por los trabajadores y vele por el respeto a los derechos humanos de los mismos. Además, propuso crear un mecanismo de protección para denunciantes, establecer un diálogo constante con los sindicatos y trabajadores y mantener canales de comunicación entre los trabajadores, sus representantes y el CAPA.
“Es imperativo que esta comisión actúe no solo como un cuerpo de administración, sino como un verdadero defensor de los derechos de los trabajadores venezolanos”, agregó.