La economía de Venezuela arrancó el año diferente a lo esperado, con un frenazo en el primer trimestre que redujo las perspectivas de crecimiento para 2023, una tendencia que expertos prevén se revierta los meses siguientes, con mejoras en algunos sectores, entre ellos el petrolero.
El país, que perdió casi 80% de su producto interno bruto (PIB) entre 2014 y 2021, según estimaciones independientes, vivió un proceso de mejora que el gobierno se ha encargado de promocionar, mientras especialistas miraban con cautela, al considerar que es desigual y difícil de sostener en el tiempo.
La firma Ecoanalítica, según dijo a EFE su director, Asdrúbal Oliveros, esperaba para este año un crecimiento de 8% respecto a 2022, proyección que en marzo redujo a 2% ante la contracción importante del consumo y de la actividad de muchos sectores durante los primeros tres meses.
«El año 2023 arrancó más bien con una economía detenida, (…) y las perspectivas de crecimiento cambiaron drásticamente. (…) En este momento, el consenso (entre los analistas) está por debajo de 5% y, en el caso nuestro, lo que vemos es un crecimiento muy exiguo de 2%», dijo el economista, quien alertó de un deterioro en las condiciones sociales.
Esta situación se evidencia en el descontento en la calle, donde las protestas aumentaron 23% en los 4 primeros meses, cuando hubo, al menos, 3.303 manifestaciones, frente a las 2.677 del año pasado, según el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).
Del total, 2.465 fueron de trabajadores, motivados por la precarización de los salarios en medio de un escenario económico dolarizado e inflacionario, advirtió la ONG.
Las causas
Oliveros explicó que el gobierno ha aplicado una política contra la dolarización que ha tenido impactos contraproducentes en la dinámica económica, con medidas como el cobro de un impuesto de 3% a los pagos en divisas -que encarece los productos y potencia la inflación- y la restricción de la capacidad de los bancos de transferir dólares para sus clientes.
Este plan es, a su juicio, contradictorio, porque la dolarización, que el propio gobierno empezó a alentar a partir de 2018, «ha ayudado muchísimo a generar certidumbre, a permitir el desarrollo de la actividad comercial» y a que «algunos segmentos de la población también tuvieran acceso» a divisas.
Otro factor es la «propia situación del sector público» -que emplea «cerca de 30% de la fuerza laboral»-, donde los sueldos «son extremadamente bajos», lo que disminuye el consumo y, por tanto, la actividad comercial e industrial.
Ecoanalítica calcula que el volumen de ventas cayó 15% en el primer trimestre respecto al mismo lapso de 2022.
Durante este período, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), entidad independiente al margen del Banco Central, la economía se contrajo 8,3% en comparación con enero y marzo del año pasado, tras siete trimestres consecutivos de crecimiento, producto de una caída en la producción y las ventas.
La Confederación de Industriales (Conindustria) advirtió recientemente que la «baja» demanda nacional es el principal factor que afecta la actividad manufacturera, seguido de otros como la falta de financiación, los «excesivos» tributos y la «precariedad» de los servicios básicos.
Signos de mejora
Si bien 78% de los industriales aseguran que la situación económica empeoró durante el primer trimestre, según Conindustria, 56% son optimistas, al prever una mejora dentro de 12 meses.
Ecoanalítica prevé también algunos signos de mejora, sobre todo para el segundo semestre, principalmente en el sector petrolero, donde se espera un leve aumento en el flujo de ingresos gracias al acuerdo con la empresa estadounidense Chevron y a que, probablemente, pueda concretar acuerdos con empresas europeas como Repsol y Eni.
Asimismo, la firma espera una «leve recuperación en el consumo» tras el reciente ajuste de los ingresos que, si bien fue bastante comedido, va a tener un «impacto» sobre todo en sectores como alimentos y medicinas.
«Esos elementos hacen pensar que el segundo semestre puede tener una mejor perspectiva que el primero», afirmó Oliveros.
No obstante, advirtió, la «fragilidad» de la economía «no se va a resolver hasta que no se resuelva (…) el conflicto político que tiene el país», donde el diálogo entre el oficialismo y la oposición está estancado desde noviembre, al tiempo que las partes se han acusado constantemente en temas como la corrupción.