Anaqueles vacíos, escasez, bachaqueo, sobreprecios, largas filas para pagar, números en el brazo, compras por número de cédula, madrugonazos, «se acabó, vengan mañana», «hoy no vino el camión que distribuye», inflación, malestar, pero, sobre todo, impotencia. El precio a pagar por la regulación de los productos es mucho más costoso que el ajuste en sí mismo.
Para los venezolanos no es ajena esta situación, solo hay que remontarse al año 2017 para recordar estos escenarios.
El precio del «precio justo»
Por ello, ya los ciudadanos en Venezuela saben a qué conduce el término «precio justo», una medida que desempolva las regulaciones a las que hasta hace poco se les había hecho caso omiso.
El régimen de Nicolás Maduro anunció recientemente que fijaría el precio de una serie de artículos con la finalidad de evitar la presunta especulación en tiempos de pandemia.
«Estoy llevando lo que puedo de harina de maíz precocida porque aún la hay. Después de lo que dijo Maduro sobre las instalaciones de Polar, ¿quién sabe si la volvemos a encontrar?», dijo el consumidor Óscar Rubio a El Nacional, mientras hacía cola en un supermercado.
El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, explicó a El Nacional que el control de precios solo va a limitar la capacidad de producción, de distribución y todas las posibilidades de tener mayor variedad de productos en los anaqueles.
«Hasta hace poco veíamos cómo con mayores libertades a niveles de precios se podían ofrecer cantidades satisfactorias de productos a los usuarios. Ahora la última ola inflacionaria que venimos sufriendo en Venezuela ha motivado al régimen a ejercer controles y ocupaciones de empresas. Por supuesto, rechazamos estas medidas, pues no favorecen el desempeño económico de la nación», precisó.
Señaló que el origen del incremento de precios es consecuencia de políticas económicas erradas. «El Estado sabe cuáles son las consecuencias de la emisión de dinero sin respaldo. La respuesta no puede ser una campaña propagandística recriminando al comercio o al comerciante. No se puede criminalizar la producción ni el trabajo», dijo.
Capozzolo indicó que esta acción de ajustes de precios desequilibra el esfuerzo mancomunado de agricultura-industria-comercio por el abastecimiento satisfactorio que se había tenido hasta el momento.
Las preocupaciones de repercusión múltiple
El presidente de la Cámara de Comercio rechazó los saqueos como forma de protesta o de desesperación, debido a que no suelen generar mejoras para la sociedad.
Dijo que los actos vandálicos se han convertido en una pinza que junto al control de precios logra amedrentar no solamente a los comerciantes sino a la población en general. «Hay que tener especial cuidado con la organización de estos actos para lograr objetivos políticos. El comercio que es vandalizado es un comercio que no vuelve a abrir», lamentó.
Por su parte, el presidente de Conindustria, Adán Celis Michelena, se mostró preocupado por la arremetida contra cuatro de las empresas más importantes del país. «Son medidas, en el caso de Coposa, de intervención, y en el caso de Polar, de limitación del despacho. Al final no solo está afectando a la industria, sino a toda la población con el desabastecimiento«, advirtió.
Control de precios es igual a desabastecimiento y bachaqueo
Celis afirmó que en estos 20 años los venezolanos han entendido dos cosas: primero, que los aumentos generales de sueldos al final lo que producen es reducción del poder adquisitivo; y lo segundo, que los controles de precios solo conllevan al desabastecimiento y al bachaqueo. Criticó que hasta la fecha las autoridades sean las únicas que no lo han comprendido.
«Ajustar los precios en una economía en la que no hay control sobre la inflación no da estabilidad para concertar nada», recordó.
En consecuencia, Capozzolo propuso que se desarrollen políticas económicas más cónsonas, orientadas a la producción. «Mientras más productos haya, menos inflación va a haber y la población estará más satisfecha».
El director de la Cámara de Industriales aseguró que han enviado comunicaciones al Ministerio de Comercio, al Seniat, entre otros organismos, en las que solicitan una serie de medidas urgentes semejantes a las aplicadas en otros países del mundo. No han obtenido respuesta.
¿Levantar la cuarentena?
«Venezuela es un país en el que entre 80%-90% de la población vive al día y ahora se debate entre quedarse en casa para cuidar a su familia o salir para producir los recursos para alimentar a su familia», recordó Capozzolo.
Los empresarios coincidieron en que deben buscarse mecanismos para reactivar la economía de manera paulatina, mientras se aplican estrictos controles de seguridad sanitaria. Proponen que se comience con sectores de apoyo a las cadenas que están trabajando en esta contingencia.
«Por ejemplo, si un restaurante tenía 10 mesas, que abra con 3, y así se cumple el distanciamiento social. También el personal debe estar cumpliendo con las medidas sanitarias respectivas. Las industrias de alimentos y farmacéuticas siguen trabajando con una serie de precauciones, podemos tomar decisiones para que paulatinamente los sectores conexos vayan haciendo lo mismo», expuso Celis.
Instó a que se respeten las funciones de cada rol. «¿Quién puede producir más? ¿Aquellas empresas que históricamente lo han hecho bien o aquellos que han acabado con la industria eléctrica, petrolera y de servicios públicos?», concluyó.