El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó al Banco Popular de Puerto Rico por la cantidad de 255.937 dólares luego de conocer que movió 853.126 dólares a nombre de dos funcionarios de bajo nivel del gobierno chavista de Venezuela.
La entidad financiera con sucursales en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes, procesó un total de 337 transacciones, señaló un comunicado del Tesoro. “Todas las violaciones aparentes se debieron al mantenimiento de cuatro cuentas personales operadas por estos dos empleados del gobierno”, indicó la entidad.
Señaló que el monto acordado refleja que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros determinó que las aparentes violaciones cometidas por el Banco Popular de Puerto Rico no resultaron graves y se revelaron voluntariamente.
Mediante un Decreto Ejecutivo, emitido el 5 de agosto de 2019, se bloquearon propiedades e intereses del gobierno de Venezuela. Se definió sancionar cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad, cualquier persona de propiedad o controlada, directa o indirectamente por el chavismo, y cualquier persona que haya actuado o pretendido actuar en nombre de cualquier entidad relacionada.
Funcionarios identificados
Poco después de la emisión, el Banco Popular de Puerto Rico comenzó a planificar la metodología para la revisión de cuentas que podrían verse afectadas por la orden ejecutiva. Sin embargo, fue hasta el 26 de octubre del año pasado que la institución identificó y bloqueó las cuatro cuentas personales de los dos clientes chavistas.
La documentación del banco mostró que uno de los clientes trabajaba en un puesto de bajo nivel administrativo en el Departamento Diplomático de la Oficina de Representación y otro era un representante de Servicio al Cliente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). No se publicaron los nombres de los implicados.
El Departamento del Tesoro indicó que la demora del Banco Popular en identificar a esos clientes resultó en 337 violaciones aparentes. Sin embargo, el año pasado la institución financiera revisó y mejoró su capacitación relacionada con las sanciones y procedimientos. Desarrolló así recursos adicionales y orientación sobre la revisión de alertas de sanciones y disposición.