De las más de 12.000 empresas industriales que tenía Venezuela en 1998, solo continúan funcionando 1.700, las cuales operan a 20% de su capacidad instalada, lo que disminuye la oferta laboral, la formación de personal técnico y la capacidad de proveer un salario competitivo, informó el primer vicepresidente de Fedecamaras, Ricardo Cusanno. 

Advirtió que el sector industrial perdió 80% de su capacidad a consecuencia de las políticas implementadas por la gestión de Nicolás Maduro.

A pesar de que en Venezuela se han incrementado los emprendimientos, dijo,  los nuevos empresarios no abarcan todos los espacios que han dejado las grandes compañías.

La ola de fiscalizaciones, la imposibilidad de créditos bancarios por el encaje legal, sumados a la deficiencia en servicios públicos como energía eléctrica, agua potable y la falta de gasolina, marcan el rumbo de la peor crisis económica en la historia del país.

“El problema ya es sistémico, estructural. Las fiscalizaciones, junto con un cerco legal que es asfixiante y no genera incentivos, lo agravan”, manifestó Cusanno.

Considera que la aprobación por la asamblea nacional constituyente de una ley para el pago de impuestos a los grandes patrimonios es una medida que oprime aún más la actividad comercial en Venezuela: “La industria tiene unos importantes activos en términos de inmuebles y maquinaria, y tú ves que pretenden volver a imponer un impuesto a los activos empresariales a una industria totalmente minimizada y golpeada”, expresó.

Afirmó que la solución a la crisis económica del país viene por acuerdos entre el Estado y los que agrupan a las grandes empresas para “poder trabajar viendo el mapa completo y no para beneficiar a unos y a otros y crear oportunidades para todos”.

Indicó que otra opción para salir de la crisis es a través de los convenios suscritos por Venezuela, como en el caso de la Organización Mundial del Comercio, que tiene todas las capacidades y herramientas técnicas con el fin de planificar la reinserción de los empresarios al libre mercado,  generar condiciones para competir e incentivos temporales para que los industriales rescaten sus fortalezas en un tiempo de apertura.