La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes revisar un fallo judicial que autoriza la venta de acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en Estados Unidos controlada por opositores.
Citgo es uno de los activos del país que controla la oposición venezolana por decisión de Estados Unidos, que sigue considerando legítimo el parlamento de mayoría opositora elegido en 2015, a pesar de que su legislatura terminó en 2021.
Algunas empresas tienen sentencias que les otorgan derechos para apropiarse de acciones de Citgo para compensar expropiaciones por parte del gobierno venezolano.
Normalmente las naciones y las empresas públicas se consideran entes separados, pero algunas compañías han esgrimido que Pdvsa es el «alter ego» de Venezuela.
«Certiorati denegado», se lee en el documento publicado por la Corte Suprema, en el apartado que recoge el caso de Venezuela y otros contra OI European Gorup B.V. .
El certiorari es un recurso legal que permite a una parte solicitar que un tribunal superior revise el caso y determine si se ha cometido algún error.
La directiva ad hoc de Venezuela quería que la Corte Suprema revisara el fallo emitido por un juez del Tercer Circuito que dio luz verde a la venta de acciones de Citgo.
–Comunicado de prensa–
Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. pic.twitter.com/ySRhzibXe5— PDVSA AD HOC OFICIAL (@PDVSA_AdHoc) January 9, 2024
«Manejos cuestionables» de Citgo
En la red social X, el economista Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver, estimó que «la pérdida de Citgo es un ejemplo más en el cual tanto Nicolás Maduro como la oposición tradicional incurrieron en manejos cuestionables, causando graves pérdidas patrimoniales a la nación».
Las demandas de los acreedores contra Citgo superan los 20.000 millones de dólares, según la consultora EMFI Scurities, con sede en Londres.
Esto hace que una negociación con los acreedores sea inviable en ausencia de un acuerdo político, añade el economista.
3. El gobierno de Maduro entró en un convenio de pago con Crystallex, el cual se cumplió parcialmente hasta la imposición de sanciones. El monto no pagado de esta acreencia es $1,0 millardos. pic.twitter.com/eUWr2e823W
— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) January 9, 2024
Este mismo lunes en Houston, un juez falló a favor de un grupo de 10 acreedores que decidió sumarse al embargo de la petrolera.
El tribunal «designa a todos los acreedores que, hasta la fecha, hayan obtenido un auto de embargo condicional o incondicional contra las acciones de PDVH, propiedad de Pdvsa, como acreedores adicionales de la sentencia», se lee en el fallo.
Chavismo y oposición rechazan fallo
El gobierno de Venezuela condenó el martes el «vulgar despojo» de la refinadora Citgo.
«Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de Estados Unidos contra Venezuela», indicaron en un comunicado las autoridades del chavismo.
La junta administradora ad hoc de Pdvsa designada por la oposición dijo que el proceso de venta no es el método más apropiado y propuso acuerdos negociados con los acreedores.
Evitar el «despojo»
El gobierno de Maduro responsabiliza al viejo Parlamento, que sesiona de forma virtual en el extranjero, por un «grave perjuicio» al patrimonio del país.
«Han impedido a las legítimas autoridades ejercer las acciones necesarias para la efectiva protección de Citgo, vulnerando flagrantemente los acuerdos suscritos en Barbados», cuestionó el gobierno en su comunicado.
#ÚltimoMinuto⏰ El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de EEUU en relación con el vulgar despojo
que se desarrolla en ese país contra la empresa CITGO. Lea aquí ⬇️⬇️#9Ene #SifontesLlegaAlPanteón pic.twitter.com/1A09j8hPDZ— Alfred Nazareth (@luchaalmada) January 9, 2024
El gobierno indicó que seguirá adoptando todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar «la consumación del despojo definitivo» de Citgo.
La junta designada por la oposición había pedido a la Corte Suprema que revisara el fallo emitido por un juez federal que dio luz verde a la venta de acciones de Citgo.