El beneficio del bono de alimentación para jubilados y pensionados, contemplado en la ley sometida este miércoles a segunda discusión por la Asamblea Nacional, debe ser una medida temporal para paliar la caída del poder adquisitivo de la moneda y no un elemento más de la seguridad social en el país.Esta fue la conclusión a la que llegó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), cuyo Observatorio Económico Legislativo, elaboró un Análisis Costo Beneficio (ACB) del proyecto de Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados.?Es importante establecer que lo que se requiere es una ayuda temporal, por un lapso corto para aliviar un problema coyuntural a los efectos de aliviar a la población más afectada?, sostuvo el análisis, que agrega que el bono alimentación para jubilados y pensionados debe ser sostenible financieramente.Por ello, Cristina Blassi, economista encargada de la elaboración del documento, resaltó en el ACB que para la implementación de la ley es necesario analizar su impacto fiscal, ante la posibilidad de que trasmita una nueva carga impositiva al sector privado, ?el cual ya ha sido duramente cargado con programas de compensaciones laborales, impuestos y otras cargas, cuando también le es casi imposible equilibrar los altos costos con precios controlados?.Para atenuar este impacto, el Observatorio también sugiere que el beneficio no sea generalizado a todos los jubilados y pensionados del país, sino focalizado en los estratos sociales D y E, para lo que se requiere un estudio socioeconómico de la población pensionada. Agregó el ACB que estos sectores son los más afectados pues destinan ?mayor parte de sus ingresos a alimentos y medicinas?.Sobre el tema de las medicinas, el ACB sugirió una delimitación de los tratamientos médicos que serían cubiertos por el Bono para Tratamientos Permanentes, otro de los componentes de la ley, para estimar sus costos. Información: Nota de Prensa


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