El gobierno de Argentina fijó en 68.842 millones de dólares el monto de deuda a negociar con sus acreedores, según un decreto publicado este martes en el boletín oficial que abre formalmente el proceso en el que buscará aplazar vencimientos.
Se trata de la porción de deuda emitida en bonos bajo legislación extranjera, sobre la que el gobierno buscará además obtener quitas.
El ministerio de Economía quedó habilitado con ese decreto a realizar todas las operaciones legales sobre esas acreencias.
Argentina debe presentar a fines de marzo su propuesta de reestructuración de deuda a los acreedores, según el cronograma establecido por la cartera de Economía.
El decreto se publicó un día después de una importante caída en la Bolsa de Buenos Aires, con una baja de 13,75% en el índice Merval, y pérdidas de cerca de 15% en los bonos argentinos que cotizan en Nueva York.
El índice de riesgo país, que mide el banco JP Morgan, se elevó por encima de los 2.700 puntos, su nivel más alto en 15 años.
«Deuda insostenible»
El gobierno del presidente Alberto Fernández considera que la deuda argentina es insostenible y ha insistido en pedir que se permita al país crecer para poder cancelar sus deudas.
Fernández reiteró que el acuerdo de reestructuración de la deuda debe ser sostenible y que esa condición es innegociable: «No hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones».
Argentina se encuentra en recesión desde 2018, con una alta inflación de 53,8% en 2019 y aumento de la pobreza y del desempleo.
El Fondo Monetario Internacional también estimó que la deuda argentina es no sostenible.
La autorización para el ministerio de Economía alcanza a los tribunales de Nueva York, Londres y Tokio, según el decreto.
Argentina decretó en 2001 una cesación de pagos por más de 100.000 millones de dólares y estuvo fuera de los mercados internacionales hasta 2015, cuando asumió Macri y llegó a un arreglo con los últimos fondos especulativos que demandaban al país.
Equipo de bancos y agente financiero
La semana pasada el gobierno de Argentina designó al Bank of America y al HSBC como los entes encargados para la colocación de la deuda, en el marco de la ley de «restauración de la sostenibilidad de la deuda pública» aprobada hace pocas semanas por el Congreso.
Además, escogió a la banca de inversión Lazard como asesor financiero y a la compañía Morrow Sodali como agente de información para el proceso.
Las acreencias con bonistas privados ascienden a 121.979 millones de dólares, 35,9% del PIB. Ya el año pasado, al final del gobierno del liberal Mauricio Macri, Argentina reperfiló bonos emitidos bajo legislación nacional, postergando sus vencimientos.
La deuda con los organismos bilaterales y multilaterales es de 72.679 millones, 21,4% el PIB, de los cuales 44.000 millones corresponden a un préstamo stand by suscrito con el FMI en 2018.
Ese crédito ascendía en total a 57.000 millones de dólares, pero Fernández rechazó recibir de parte del FMI los últimos tramos pendientes.