La Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por la oposición y reconocida por Estados Unidos, aprobó este martes una propuesta de los comités que supervisan los activos extranjeros del país para para extender hasta 2028 la validez de miles de millones de dólares en bonos en mora emitidos por el gobierno y Pdvsa.
Esta propuesta permite negociaciones para el pago y la reestructuración de la deuda, lo que reduce los riesgos de acciones legales adicionales en los tribunales estadounidenses, donde los acreedores se han congregado para ejecutar laudos relacionados con casos de expropiación y pagos en mora por parte de Venezuela, según la agencia de noticias Reuters.
El diputado José Salazar sostuvo este martes que es necesario que antes de la fecha de vencimiento perentorio, debido a que los bonistas ven oportunidades de demandar para obtener una compensación, la Asamblea Nacional acuerde prorrogar la fecha de vencimiento de los bonos.
Explicó que el objetivo principal de la decisión es lograr una reestructuración financiera organizada de la deuda externa del país de aproximadamente 60.000 millones de dólares, por lo que alienta a los tenedores de bonos a evitar acciones legales durante cualquier negociación de reestructuración de deuda.
Nicolás Maduro y Pdvsa hicieron un movimiento similar a principios de este año, pero debido a que su gobierno no es reconocido por Estados Unidos, las conversaciones con los bonistas para suspender el plazo de prescripción de la deuda no han avanzado mucho.
En Venezuela hay dos Parlamentos, pero solo el controlado por la oposición es reconocido en el exterior y ha recibido autorización de Estados Unidos para negociar cualquier pago de la deuda externa. Luego de las sanciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela en 2019, la Asamblea Nacional liderada por la oposición ha designado comisiones y juntas para supervisar los activos extranjeros de Venezuela.
El gobierno de Maduro detuvo los pagos a los bonistas hace más de cinco años. En octubre, el incumplimiento habrá cumplido su sexto año, lo que activará opciones legales para reclamar el dinero.
Sin embargo, según el acuerdo, la prórroga de los bonos y cualquier posible negociación con los bonistas, que están pendientes de la aprobación de Estados Unidos, no implican que Venezuela renuncie a su derecho a prever acciones legales para proteger los activos si es necesario.