El último golpe que no soportó la pequeña empresa que presidía Ricardo Gómez fue el incremento salarial de 5.900% vigente desde el 1° de septiembre. La compañía cesó operaciones y los 10 empleados que quedaban perdieron sus puestos. “Decidimos no aceptar el subsidio del gobierno porque no queríamos entregarle la información de nuestro personal, eso es privado. Además, perderíamos nuestra autonomía”, expresó.
El relato de Gómez ilustra lo advertido por dirigentes empresariales y sindicales, quienes aseguraron días después de que Maduro decretó el alza salarial, el 17 de agosto, que la medida conduciría no solo al achatamiento de las escalas, sino también al cierre de más empresas y desempleo.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, aseveró que además del incremento de los sueldos; la reforma fiscal y el control de precios han incidido negativamente en las empresas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, lapso que el gobierno estableció para asumir el pago de la nómina de los sectores público y privado.
“Estos meses han sido peores que los anteriores, pero estoy seguro de que los que vienen serán más fuertes si no hay un cambio de políticas. No resolvieron absolutamente nada y estamos metidos con más profundidad en los problemas que ya teníamos. Veremos una continuación de la inflación, las industrias tendrán menos demanda y se descapitalizarán mucho más”.
El empresario añadió que con esas medidas el gobierno “activó una bomba” que destruye la capacidad de las compañías de sostenerse, lo que ha logrado es estimular la inflación con el alza salarial, empobrecer al consumidor y, además, de descapitalizarlas con la reforma fiscal y minarles la rentabilidad con el control de precios.
Si cerraron 700 de 3.200 empresas entre finales de 2017 e inicios del tercer trimestre de este año –cuando Maduro no había puesto en marcha las medidas–, es probable que la situación empeore para aquellas que ya trabajaban a menos de 20% de su capacidad –alrededor de 50% de las industrias–, que no pudieron reponer materia prima o que les quedaban entre cero y un mes de previsibilidad de pedidos. “Es predecible que continúen cerrando empresas”, advirtió.
Los resultados de la encuesta de coyuntura del segundo trimestre del año, de Conindustria, mostraron que 77% de las compañías considera la posibilidad de cierre en un lapso menor de dos años. 42% de la gran empresa y 50% de la pequeña prevén que no podrán seguir operando por más de un año.
El titular del gremio afirmó que los trabajadores de las empresas siguen con unos niveles de empobrecimiento muy elevados, que sin duda estimula la migración. Añadió que si bien el salario de 1.800 bolívares fue perjudicial, ya la inflación se lo tragó.
María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio, coincidió con Olalquiaga. Indicó que la incidencia más fuerte del alza salarial se registró en septiembre, lo cual se reflejó en el cierre de 40% de los comercios. “Sin embargo, la fuerte hiperinflación diluyó el impacto del aumento de salarios en la estructura de costos de algunas empresas hasta volverse no relevante, por lo que solo cerraron de manera definitiva 10% de ellas”, dijo.
Precisó que muchos comercios y pequeñas firmas se acogieron al subsidio del gobierno de pagar durante 3 meses, a partir del 1º de septiembre, el diferencial del salario mínimo. “Lo que preocupa es qué va a pasar después del 30 de noviembre, si el gobierno decide otro aumento tan elevado como el vigente”.
Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, informó que ha habido despidos por el incremento del sueldo, pero su impacto sobre el desempleo no se ve porque la mayoría de los trabajadores han emigrado.
“Es evidente el cierre de numerosos negocios en Caracas y en el interior del país, y eso significa pérdida de puestos de trabajo. Los negocios que permanecen abiertos reducen personal o aplican formas flexibilizadas de contratación”.
Destacó que con el aumento unilateral, el gobierno decretó el aplanamiento de los niveles de las tablas salariales, al punto de que la mayoría de las empresas, por las dificultades económicas, pagan 1.800 bolívares soberanos mensuales o un poco más. “Se salta la antigüedad, la preparación profesional y técnica, la responsabilidad en el cargo y la meritocracia”, aseveró.
Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina, refirió que más de la mitad de los 20.000 empleados de las panaderías artesanales laboran con flexibilidad por el aumento y la falta de materia prima. “Los patronos se ven obligados a cerrar los establecimientos por un día o más y le dicen al trabajador que se quede en su casa. No es una situación de despido abierto, pero es irregular”. Agregó que la mayoría de los dueños de las panaderías paga salario mínimo y se acogió a la subvención.
El subsidio. El 21 de agosto, Tarek el Aissami, vicepresidente del Área Economía, aseguró que 2 millones de trabajadores se habían inscrito en la página Patria para acceder al pago del subsidio de los 3 meses de salario, número que se incrementaría con la invitación a los trabajadores informarles a registrarse.
El funcionario declaró que la información sería cruzada con las nóminas de las empresas acogidas al subsidio y la data de trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero la asesora laboral Maryolga Girán afirmó que a la fecha ninguna empresa tiene la data sobre los empleados registrados.
“En la página Patria se inscribieron amas de casa y desempleados que dieron un número de RIF o de inscrito en el Seguro Social, además hay casos de muchos trabajadores que cobran doble: por el subsidio y el salario que les paga la empresa”, señaló.
El sector industrial prácticamente no se acogió al subsidio, además cancela con sus propios recursos salarios superiores al mínimo, dijo Girán.
Trabajadores de pequeñas empresas y comercios, que solicitaron no mencionar sus nombres, se quejan de que el gobierno no les paga a tiempo el subsidio. “Me avisan por teléfono para decirme que me depositaron 7 y 10 días después de la fecha de cobro. Mientras tanto, con qué como, me traslado o pago la universidad”, expresó la dependiente de una tienda en un centro comercial de Caracas.
Una cajera de una panadería en los Altos Mirandinos contó: “Lo único que me llega fijo y con eso me bandeo a la espera de que depositen, son el diferencial de 30 bolívares del salario mínimo más un bono, y domingos y feriados trabajados”.
El sueldo perdió 95% de su valor
En los 78 días que han pasado desde que el salario mínimo entró en vigencia, el 1° de septiembre, los 1.800 bolívares soberanos perdieron 95% de su valor, promedio, calculó el diputado Ángel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
“Esto es típicamente lo que ocurre cuando un gobierno lanza un programa económico con unas medidas que no resuelven el problema sino que son puro maquillaje, como el cambio de los valores nominales de la moneda, sin aumentar la producción, incluida la petrolera, generar un clima de negocios ni cambiar el modelo económico”, dijo el parlamentario.
Dirigentes empresariales aseguran que cuando el presidente Nicolás Maduro elevó los sueldos sin tener dinero generó un incremento de la masa monetaria, lo que subió la inflación de 223,1% en agosto a 233,3% en septiembre, de acuerdo con cifras del Parlamento. Según los economistas, el ritmo tan agresivo del fenómeno que lleva la economía ha encarecido todos los precios de los bienes en el mercado y crea una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.
El economista Luis Oliveros advirtió que si el presidente Maduro vuelve a aumentar el sueldo: Le estaría echando más gasolina al desastre que vivimos los venezolanos”.