El Consejo Nacional Olímpico de Singapur impuso al nadador Joseph Schooling una multa de 10.000 dólares por violar su código de conducta, después de que el deportista admitiera consumir marihuana cuando estaba en el extranjero.

Este organismo, que reveló la multa en un comunicado divulgado el lunes, también lanzó una advertencia al campeón de los 100 metros mariposa en Río 2016. El atleta fue sancionado en agosto tras admitir que consumió marihuana fuera del país.

La multa se suma a la prohibición emitida entonces por el Ministerio de Defensa de que no podrá pedir permisos para entrenar o competir mientras realiza el servicio obligatorio de dos años.

Con la decisión, es probable que el nadador Schooling se pierda los Juegos del Sudeste Asiático de 2023 en Camboya, así como los Juegos Asiáticos en Hangzhou, China, también el año próximo.

Otros culpables

La medida fue adoptada después de que Schooling, de 27 años, admitiera consumir cannabis el pasado mayo, cuando estaba en Vietnam para participar en los Juegos del Sudeste Asiático. Si bien el ministerio de Defensa admitió que «las pruebas de orina para drogas dieron negativo».

Además del nadador Schooling, el Consejo Nacional Olímpico isleño también impuso multas de 2.800 dólares y 3.200 dólares, respectivamente, (2.826 euros y 3.230 euros), a los nadadores Amanda Lim y Teong Tzen Wei, quienes confesaron consumir drogas tras la revelación de Schoolig.

Este organismo concluye así las investigaciones llevadas a cabo por su comité disciplinario sobre las posibles violaciones del código de conducta por parte de los nadadores.

La agencia nacional de deporte isleña suspendió su apoyo -que incluye financiación, asistencia médica y deportiva- a los tres nadadores durante un mes a partir del 1 de octubre.

La ley más rigurosa

Singapur tiene una de las leyes anti drogas más draconianas del planeta -que recoge la pena de muerte para narcotraficantes mediante la horca-. Los ciudadanos singapurenses o residentes permanentes que consumen drogas en el extranjero pueden recibir castigos del mismo modo que si lo hubieran hecho dentro, según la norma isleña.

En este sentido, una primera infracción puede acarrear penas de entre un año y diez de cárcel, aunque la mayoría de los detenidos suelen ir a rehabilitación si no hay más cargos en su contra, según la Oficina de Narcóticos.


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